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El Ministerio de Educación confirma la «renuncia expresa» del Gobierno de Moreno a 112 millones de euros para dar «plazas públicas y gratuitas» para guarderías a «12.000 niños y niñas en Andalucía»

La ministra de Educación, Pilar Alegría (PSOE), ha confirmado esta mañana la «renuncia expresa» del Gobierno de Juanma Moreno a una partida económica de 112 millones de euros para crear «plazas públicas y gratuitas» para «12.000 niños y niñas» de 0 a 3 años en las guarderías andaluzas.

Pese a que la noticia no es nueva, puesto que fue a finales del pasado mes de marzo cuando la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación -liderada entonces por la popular Patricia del Pozo, ya desplazada a la Consejería de Cultura- tomaron la decisión de rechazar este ingente montante económico prevista con el objetivo de avanzar en la universalidad de la gratuidad de dicha etapa educativa en la comunidad andaluza, el Gobierno de España, en voz de la propia Alegría y de otra de las ministras, la de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), han querido reprocharle y dar un buen tirón de orejas al Ejecutivo andaluz por desestimar semejante ayuda.

El dictamen de Moreno y de los populares andaluces para devolver esta cifra millonaria responde al empeño de estos por no desmantelar la red de conciertos con escuelas infantiles privadas que actualmente presenta la educación andaluza. De hecho, cabe recordar que, en 2021, cuando el Gobierno central activó una partida de 665 millones de euros para extender la gratuidad de la educación infantil en el nivel de 0 a 3 años, la Junta de Andalucía ya se opuso frontalmente a dicho anuncio, pidiendo incluso al Ministerio de Educación que flexibilizara las condiciones para que la cantidad económica que le correspondía pudiera destinarla en ampliar las bonificaciones de las plazas para los centros escolares concertados.

Tal es el afán por no perjudicar a la educación concertada del PP de Andalucía y de su líder, el mismo Juanma Moreno, que, pese a que la polémica que generó en un principio la determinación de renunciar a parte de dicho presupuesto obligó a echarse atrás y aceptar los fondos, en este tiempo, como desveló en el propio mes de marzo El País, tan solo se han ejecutado cuatro millones a través de dos convocatorias dirigidas a los ayuntamientos con muy poca concurrencia, mientras continuaban negociando con el Gobierno de España un cambio en las condiciones de aplicación de esos fondos europeos, que finalmente no se ha producido a tenor de que el Ejecutivo central se haya negado a ello.

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