Cristian López DomínguezEl Gobierno de Juanma Moreno va muy en serio a la hora de encubrir lo máximo posible el sinfín de prácticas fraudulentas orquestadas desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2021 en adelante para adjudicar a dedo contratos millonarios a empresas privadas en lares sanitarios. Si la Cámara de Cuentas anunciaba esta pasada semana la inexplicable «suspensión temporal» de la fiscalización de los contratos licitados por la Junta durante los ejercicios 2022 y 2023, aprovechando que el presidente del órgano fiscalizador, Manuel Alejandro Cardenete, fue exconsejero y exviceconsejero andaluz del Gobierno de Moreno entre 2019 y 2022, siendo, además, nombrado como máximo dirigente de la Cámara por el propio Partido Popular, el Ejecutivo autonómico ha dado un importante paso más en unas prácticas que cualquiera las podría calificar, como mínimo, de controladoras y ocultadoras.
Hace solo dos semanas, la Administración andaluza le arrebató a la Intervención del propio SAS, órgano cuyos interventores destaparon otra de las prácticas fraudulentas efectuadas en el principal organismo sanitario de la comunidad por el Gobierno de Moreno, la de los contratos de emergencia sanitarios (adjudicados a dedo bajo la fórmula covid, aprovechando un marco legal que extendieron durante años posteriores pese a que solo fue habilitado temporalmente en el momento más agudo de la pandemia), las competencias y sus cuentas, despojando a la interventora del SAS del control financiero permanente, que comprende el 80 % de los contratos (conciertos, contratos de obra, servicios y suministros sanitarios).
Un más que controvertido dictamen (esperpéntico), desvelado por el diario El País, que supone, asimismo, que sean desde ahora los servicios centrales de la Intervención General de la Junta, concretamente la División de Control Financiero y Supervisión Continua II, los que tomen cualquier decisión en torno a que información remitir (y cuál no) a los tribunales de Sevilla y Cádiz, los que en estos momentos y durante los últimos meses tienen abiertas dos grandes causas judiciales que indagan en posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y de pertenencia a organización criminal a varios altos cargos de la Administración andaluza del PP en la Junta.
Y un veredicto que en la práctica supondrá que tanto el interventor general del ente público, Miguel Ángel Figueroa Teva, como uno de los altos cargos de Moreno en la administración, la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, tengan un control mucho más estrecho sobre los contratos que se firmen y aquellos que se envíen a los dos procesos judiciales que se están desarrollando en estos momentos, de forma que será la Consejería de Hacienda la que controle la totalidad del volumen de contratación del SAS, el más caudaloso con diferencia de la institución pública andaluza.
La propia cartera fiscal autonómica ha querido, no obstante, rechazar que «se esté frenando el envío de documentación de ningún tipo al juzgado» y ha asegurado que este cambio superlativo de manos en los controles para los contratos que firma el principal órgano sanitario andaluz responde a una «remodelación y modernización de la Intervención de la Junta», que se inició a principios de año y que solo quedaba por efectuarse en las instancias del SAS.
No han sido, ahora bien, pocas y pocos los usuarios en redes sociales como ‘X’ los que ante este reciente reguero de informaciones en torno a los tejemanejes del Partido Popular para buscar controlar lo máximo posible el discurrir de las praxis corrupta y fraudulenta organizada desde su cartera sanitaria desde 2021 en adelante le han querido recordar el lema que abanderase el PP nacional durante la manifestación que tuviese lugar este pasado fin de semana en la capital de España contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez: «¿Mafia o democracia?».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
