Cristian López DomínguezEl entramado de prácticas fraudulentas orquestado por el Gobierno de Moreno desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), de 2021 en adelante, es la pieza central sobre la que se mueve durante las últimas semanas la política andaluza, en terrenos extra e intraparlamentarios. Una presunta praxis corrupta en la que altos cargos de la Administración andaluza (PP) podrían haber incurrido hasta en cuatro delitos graves (malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y pertenencia a organización criminal), por los que se investiga en sede judicial actualmente a cuatro altos directivos del Gobierno andaluz (entre ellos, los tres últimos gerentes del órgano sanitario).
La pasada semana, la sesión plenaria en el Parlamento andaluz estuvo cargada precisamente de reproches de la oposición andaluza contra las artimañas desarrolladas recientemente por el vigente Ejecutivo autonómico para intentar tapar lo máximo posible todos estos informes desfavorables de fiscalización de las contrataciones llevadas a cabo por el SAS durante 2021, 2022 y 2023, entre las que se encuentra la polémica decisión de la Cámara de Cuentas (aprovechando que el actual presidente de este órgano fue consejero de Educación y viceconsejero de Turismo de Moreno y la alianza entre PP y Vox para detener estos controles).
Precisamente, sobre estos tejemanejes efectuados por el Gobierno del PP en el seno del ente público cargó con contundencia la parlamentaria socialista Ángeles Férriz, quien hizo una receta exacta del «manual» de Moreno Bonilla» para «dar los recursos públicos a quien le daba la gana y cómo le daba la gana». «Usted se cargó los controles previos. ¿Por qué? Porque con esos controles ustedes no podrían haber contratado de esa manera tan corrupta. Sin control y sin publicidad», apuntaba la diputada jiennense.
«Después, se cargaron ustedes a los interventores, que hicieron el control a posteriori, y que pusieron encima de la mesa 19 informes demoledores donde dijeron que ustedes habían desviado 1.500 millones de euros de la sanidad pública a la sanidad privada inventándose una emergencia, donde no la había y troceando a cachitos los contratos una y mil veces», disparaba, seguidamente Férriz, quien le advertía a la bancada popular que «se cargaron a los interventores, empleados públicos, porque eran testigos incómodos», para sentenciar finalmente que «como se han cargado a la Intervención de Salud, vaciándola de competencias. ¡Qué casualidad…! La Intervención que tiene que dar la información a los juzgados que están investigándolos…».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
