La trama organizada desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2021 para el fraccionamiento de contratos ya anda adquiriendo cifras milmillonarias, cuanto menos, propias de un escándalo con mayúsculas. La historia tras el proceder del principal órgano sanitario de la Administración andaluza en este curso fue la de cómo la Junta de Andalucía troceó más de 1.200 millones de euros (1.225, siendo precisos) en contratos menores a 30.000 euros -5.000, 15.000 y 30.000, las cifras que permiten eludir los protocolos de publicidad y libre y competitiva concurrencia- para evitar que las licitaciones fuesen otorgadas mediante concurso público y poder adjudicárselas a dedo así a un puñado de empresas dirimidas por el Gobierno andaluz.
En 2021, la Junta, ya con Moreno y el PP andaluz al frente, pretendía cubrir con lo presupuestado el derecho constitucional de los andaluces y andaluzas a que su salud sea protegida. Pese a que el proceder de la Administración ha de ser exclusivamente el de velar por el bienestar de sus ciudadanos, por determinadas razones, llamémosles ‘x’, la Administración quiso que parte de ese montante de dinero público fuese a parar a las manos de determinados empresarios y de determinadas empresas privadas, confiriendo a estos y estas un total de 4.141,6 millones de euros por obras, servicios y la compra de bienes y suministros en lares sanitarios.
Este desvío desvío de dinero público a recaudo privado, ahora bien, se hizo de dos maneras muy diferentes. Las normas de contratación pública en la Junta y en el SAS obligan en un principio a que la Administración presente a convocatoria pública todo aquello que necesite y que sea cualquier empresa que preste aquellos servicios la que pueda presentar su oferta más competitiva y lo haga en unos plazos determinados. De este modo, el 70,42 % (2.916,3 millones) de todo lo que destinó la estructura pública liderada por Juanma Moreno a firmas de titularidad privada -los 4.141,6 millones mencionados anteriormente-,se hizo siguiendo estos protocolos ordinarios.
Este precepto normativo, sin embargo, ponía en riesgo ese particular afán de que estos millones de euros llegasen finalmente a un selectivo grupo de entidades privadas designadas al antojo del Ejecutivo autonómico, puesto que las ofertas de estas no sería posiblemente tan competitiva como las que presentasen otras tantas. ¿Cómo solventó este gran escollo la Junta? Ideando y «abusando» de un sistema «al margen de la legalidad», como lo han calificado los propios auditores de la Intervención de la Junta, el órgano de la Consejería de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas y el que precisamente ha sido el que ha detectado este «modus operandi» instrumentado por la estructura pública, para atribuir el 29,58 % restante que fue a parar a entidades privadas, los 1.225 millones: el fraccionamiento en contratos menores.
El contrato menor es una figura excepcional para situaciones de urgencia que permite eludir, como ya se ha citado, los protocolos ordinarios de contratación, siempre que el gasto no exceda los umbrales fijados en la Ley de Contratos del Sector Público: hasta 15.000 euros para suministros, hasta 30.000 para prestaciones sanitarias y hasta 40.000 por obras. Pese a que esta es una práctica extraordinaria, esbozada solo para ocasiones singulares, la Junta de Andalucía, desde el SAS, «abusó», «de manera injustificada», de este mecanismo, para más inri, «en fraude de ley», para adjudicar a dedo centenares de contratos a determinadas empresas de carácter privado. De este modo, un designado lote de empresas, recibió cientos de contratos menores, cuyo concepto era en muchos casos era similar, para acabar acogiendo, tras la suma de todas estas licitaciones, cifras millonarias a sus arcas.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
