El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lanzó, durante la sesión de control celebrada ayer jueves en el Parlamento de Andalucía, una dura advertencia al presidente autonómico, Juanma Moreno, tras conocerse que el Ejecutivo andaluz troceó durante el año 2021 un total de 458 millones de euros en contratos menores con el objetivo de adjudicar a dedo cantidades millonarias a un grupo determinado de empresas privadas que prestan servicio en materia sanitaria en la comunidad, con el objetivo de eludir así los protocolos ordinarios de publicidad y concurrencia competitiva.
García invitó al líder de los populares andaluces a que «recordase» precisamente esa cifra, «458 millones de euros», porque «le va a acompañar el resto de la legislatura» a él y al Gobierno que dirige. El máximo dirigente de la agrupación andalucista le reprochó que «ese es el dinero» que la Administración andaluza «le ha dado desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), gobernado por el Partido Popular, a empresas a dedo siguiendo el procedimiento en fraude de ley troceando contratos públicos para sortear los controles que tiene la administración».
El responsable político jerezano recalcó, del mismo modo, que «no lo digo yo, ni Adelante Andalucía, sino los interventores de la propia Junta de Andalucía», puesto que fueron estos auditores de Intervención de la Administración, órgano de la consejería de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, los que notificaron este «fraccionamiento irregular» y «abusivo» cuyo «modus operandi» fue el de «disminuir la cuantía» de las contrataciones en licitaciones de 5.000, 15.000 y 30.000 euros para intentar acreditar la concesión arbitraria a un puñado de entidades e «infringir la ley», como aseguran los informes del mismo órgano fiscalizador.
El coportavoz nacional de Adelante, asimismo, también le afeó al presidente andaluz que ayer se supo, de igual manera, que su Gobierno «está ya en los juzgados» con «un caso que conocíamos de hace tiempo», los «300 millones de euros que han dado utilizando normativa de emergencia con esta ya derogada», en referencia al otro de los escándalos de la ya conocida como «trama del SAS», el de la adjudicación también a dedo de 243 millones, por parte del Ejecutivo autonómico, a clínicas privadas entre 2021 y 2023 haciendo uso de un marco legal que ya estaba extinto entonces.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
