Nuevo escándalo del Gobierno de Moreno, esta vez con mayúsculas, en torno a la adjudicación de contratos públicos millonarios desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para las mismas entidades privadas que prestan servicios en materia sanitaria en la comunidad. El Ejecutivo andaluz ideó, en 2021, un entramado perfectamente definido de contratos menores de 30.000 euros con los que repartió a dedo 458,3 millones de euros a entidades sanitarias de titularidad privada para «eludir» la ley y evitar los protocoles de publicidad y concurrencia competitiva.
La trama fraudulenta, detectada por la Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, y desvelada por elDiario.es, troceó contratos millonarios en cientos de contratos menores, de 5.000 euros, de 15.000 o de 30.000 euros, aunque en todos ellos el objeto de la prestación era «el mismo o similar», con el fin de «disminuir la cuantía del mismo» para intentar acreditar la concesión a dedo a una misma empresas e «infringir la ley», como han asegurado los auditores del órgano fiscalizador.
Estas centenares de contrataciones, que fueron desarrolladas en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén, siguieron el mismo «modus operandi» del «fraccionamiento irregular», adquiriendo los mismos suministros con el mismo importe y por el mismo concepto, sorteando así «nuevas licitaciones públicas y vulnerando el principio de libre concurrencia», tal y como advierte uno de los documentos del informe de Intervención, que acusa al SAS de «alterar» sistemáticamente el objeto de los contratos con el fin de «evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor que establece la legislación».
Los interventores consideran que este «abuso» continuo y permanente durante todo ese año, el último de que se tienen datos, ha podido tener, consiguientemente, dos consecuencias: por un lado, que la Administración andaluza haya podido elegir arbitrariamente y bajo su único designio a un puñado de empresas que han obtenido exclusivamente los beneficios de estas licitaciones, en perjuicio de otras que no tuvieron la oportunidad de concursar por esos mismos contratos: farmacéuticas, laboratorios, constructoras, firmas de tecnología clínica, de transporte, de pintura, etcétera.
Y, por otro, soslayar la posibilidad de que distintas empresas compitan entre sí y presenten ofertas económicas a la baja para ganar el concurso convocado por la Junta de Andalucía, lo que, en último término, le hubiera supuesto un ahorro importante en estas asignaciones a las arcas públicas autonómicas.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
