La ‘macrotrama’ orquestada desde el Gobierno de Moreno para la adjudicación a dedo de cantidades millonarias a entidades privadas que prestan servicios en materia sanitaria -las mismas en buena parte de los casos-, troceando para ello estos montantes en cientos de contratos menores, alcanzó finalmente los 1.225 millones de euros solo en 2021 en la comunidad andaluza.
En un principio, la Intervención de la Junta, el órgano de la Consejería de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, ya adelantó hace un par de semanas, tras fiscalizar la contratación efectuada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante dicho curso, que la Administración andaluza había fraccionado 458,3 millones de euros en contratos menores -de 5.000, 15.000 y 30.00 euros- en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén,.
Este «modus operandi», como llegaron a catalogarlo sus interventores, buscaba eludir así los protocolos ordinarios de contratación del ente público, que obliga a que las empresas opositen a un concurso público en el que la Junta opte finalmente por la opción que más le beneficia en términos de calidad, precio y tiempos de ejecución, para que fuesen otorgados a empresas designadas selectivamente por el Ejecutivo andaluz en estas cuatro provincias autonómicas.
Tras ampliar su particular control de las licitaciones del SAS a las ocho provincias andaluzas, haciendo lo propio en Sevilla, Málaga, Almería y Granada, las restantes de las que aún no había arrojado datos, la Intervención ha detectado que el montante troceado en licitaciones menores a 30.000 euros asciende a los 1.225,3 millones, casi una tercera parte (29,58 %) del importe total que destinase desde el SAS el Gobierno autonómico a acuerdos con entidades privadas en 2021 por obras, servicios y compra de bienes y suministros en lares sanitarios, que superó los 4.141 millones. Muchas de estas empresas que se vieron congratuladas por decenas o cientos de contratos menores a manos de la institución pública, además, fueron las mismas.
Cabe recordar que el contrato menor es una figura excepcional para situaciones de urgencia, que permite sortear como se ha mencionado los controles de fiscalización habitual, siempre que el gasto no exceda de los umbrales fijados en la Ley de Contratos del Sector Público: hasta 15.000 euros para suministros; hasta 30.000 euros para prestaciones sanitarias y hasta 40.000 euros para obras. Pese a ser una práctica singular, los auditores de la Junta acusan a la Administración de haber «abusado», «de manera injustificada», de este proceder, asimismo, «en fraude de ley», para esquivar la publicidad y la concurrencia competitiva de firmas en estas contrataciones.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
