Dos escándalos en torno a contrataciones públicas realizadas desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a dedo, es decir, sorteando la publicidad y la concurrencia competitiva, y por un valor total que asciende exactamente hasta los 700 millones de euros. Ese es el saldo del Gobierno andaluz en las últimas 48 horas que ha provocado que ya, como mínimo, la gestión desarrollada por el Ejecutivo de Moreno en torno a la adjudicación a dedo de 243 de esos 700 millones de euros vaya a ser investigada por un juzgado de instrucción, concretamente, el número 13 de Sevilla, por presuntos delitos de malversación y prevaricación.
La apertura de esta investigación judicial, motivada por la atribución por parte del SAS de esos 243 millones a dedo a clínicas privadas, durante los cursos 2021 y 2023, haciendo uso de un marco legal que ya, por entonces, se encontraba derogado y del que, sin embargo, pudo abusar la Administración andaluza en ese período de más de dos años, se ha unido esta misma mañana al estruendo político que causase hace apenas dos días la irrupción de un entramado perfectamente definido que ideó el Gobierno autonómico, también en 2021, para el «fraccionamiento irregular» de un total de 458,3 millones de euros en contratos menores con los que regó a entidades, igualmente, privadas que prestan servicios sanitarios para eludir, de la misma forma, los protocolos de publicidad y libre concurrencia.
Esta trama fraudulenta, detectada por la Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, y desvelada este pasado martes por elDiario.es, consistió en el troceo de contratos millonarios en cientos de contratos de inferior importe -5.000 euros, 15.000 y 30.000 euros-, aunque en todos ellos el objeto de la prestación era «el mismo o similar», con el fin de «disminuir la cuantía del mismo» para intentar acreditar la concesión a dedo a una misma empresa e «infringir la ley» -como han asegurado los auditores del órgano fiscalizador-, que permite la contratación sin los habituales controles para licitaciones menores a 30.000 euros.
De hecho, los interventores han llegado a considerar incluso que este «abuso» continuo y permanente durante todo ese año, el último de que se tienen datos, ha podido tener, consiguientemente, dos consecuencias: por un lado, que la Administración andaluza haya podido elegir arbitrariamente y bajo su único designio a un puñado de empresas que han obtenido exclusivamente los beneficios de estas licitaciones, en perjuicio de otras que no tuvieron la oportunidad de concursar por esos mismos contratos: farmacéuticas, laboratorios, constructoras, firmas de tecnología clínica, de transporte, de pintura, etcétera. Y, por otro, que el ente público dirigido por Moreno haya impedido que distintas empresas compitan entre sí y presenten ofertas económicas a la baja para ganar el concurso convocado por la Junta de Andalucía, lo que, en último término, le hubiera supuesto un ahorro importante en estas asignaciones a las arcas públicas autonómicas.
La incoación, por su parte, de pesquisas judiciales en torno a las contrataciones por la vía de emergencia en favor de determinadas clínicas privadas, para lo que se implementó, según ha denunciado el PSOE-A, «un sistema de trabajo al margen de la legalidad», supone la primera investigación abierta en los tribunales contra el Gobierno de Moreno, tras algo menos de seis años regentado la Junta de Andalucía, que dirimiará si existieron actuacione delictivas y si hay, por consiguiente, responsabilidades penales.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
