El Gobierno andaluz sigue esquilmando iniciativas legislativas y medidas adoptadas hasta la fecha desde y en la Junta de Andalucía para certificar que se cumplen con las políticas de igualdad de género en la comunidad. La aprobación, hace apenas dos semanas, del macro-decreto ley de simplificación y racionalización administrativa, supuso también la supresión de parte de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, entre las que se encuentra la abolición de la obligatoriedad que tenía, hasta la fecha, la Cámara de Cuentas andaluza de incorporar en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma la fiscalización del cumplimiento de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Junta.
Esta eliminación no es, ahora bien, el único de los menoscabos en materia de género implementados por el PP andaluz a través de esta nueva norma, que comporta una desregularización y un barrido normativo sin precedentes en la administración andaluza, despojándola de todo un sinfín de controles, autorizaciones y certificaciones de seguridad que hasta la fecha les eran requeridas a las diversas empresas y empresarios que operasen en el territorio.
Este nuevo «decretazo», como numerosas voces políticas, sindicales y asociativas lo han calificado, ha eliminado de un plumazo también la Comisión de Impacto de Género en los presupuestos andaluces, dejando en manos de la Consejería de Hacienda el informe de evaluación de impacto de género -«en coordinación» con el resto de consejerías-, ha sustituido las auditorías de género en todos los departamentos de la Junta por una mera evaluación «con una visión completa e integradora» y ha modificado el artículo 27 (‘Planes de igualdad u presencia equilibrada en el sector empresarial’) de la citada Ley de 2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de forma que ahora en aquellas empresas privadas no obligadas a la elaboración de planes de igualdad por ley se elimina la necesidad de contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, medidas para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, la protección frente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como incluir criterios y mecanismos de seguimiento, evaluación y actuación, reduciendo el contenido de estos planes a una absoluta indefinición.
Este proceder del PP de Andalucía y del propio Moreno no son nuevos en la comunidad andaluza, pues recordemos que amén de que justo a comienzos de la presente legislatura decidió acabar con la Consejería de Igualdad para integrar esta cuestión en una mayor de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, este último deterioro del marco legislativo en materia de género se une a numerosas medidas promulgadas por los populares y por su máximo dirigente en territorio andaluz que han sembrado la polémica, como el mantenimiento del teléfono de violencia intrafamiliar, acogiendo pues las proclamas, en este sentido, de partidos ultraconservadores como Vox, y la concesión de partidas económicas a asociaciones de mujeres que acosan y cuestiones los derechos de las mujeres frente al aborto.
Lo más paradójico de todo es que, ayer mismo, el PP-A se jactaban de celebrar un acto con motivo del Día de la Mujer, bajo el lema ‘Ellas cambian Andalucía’, y en el que precisamente el presidente andaluz aseguraba que «para que Andalucía sea líder necesitamos que las mujeres estén en primera línea de la transformación económica».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
