«Corrupción», «corrupción» y corrupción» en el Gobierno de Sánchez. Esa es la retahíla discursiva que repite como en el Día de la Marmota el PP de Andalucía durante las últimas dos semanas. El ruido, por mucho que se vocifere, no deja de ser eso: ruido. Lo único cierto es que mientras el PSOE ha expulsado al Grupo Mixto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el PP andaluz sigue manteniendo en su cargo al director general de Pesca, José Manuel Martínez Malia, sancionado precisamente por prácticas corruptas por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) tras haber tramitado subvenciones públicas desde su puesto a dos sociedades pesqueras de las que fue socio y de las que sus dos hermanos se han hecho actualmente cargo.
El pasado 31 de enero, la Oficina Andaluza Antifraude decidía incoar un procedimiento sancionador, «para depurar las posibles irregularidades de menor entidad», a Martínez Malia, nombrado máximo dirigente del área de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, tras haber constatado que existían indicios de «incompatibilidad» en la concesión de estas ayudas desde la administración autonómica a las dos entidades pesqueras, Pesquerías Quintino S.L., de la que era apoderado general el propio dirigente popular hasta julio de este año, según las indagaciones efectuadas por la OAAF, y Carabina y Farruco S.L., perteneciente a su hermano, a quien le vendió sus participaciones en octubre de 2021, y que ya había recibido ayudas públicas desde el mes de julio anterior, cuando ya era director general de Pesca el escrutado, que suma un lustro en el cargo, precisamente, desde que el Partido Popular gobierna en Andalucía.
Antifraude consideró, además, en su propuesta de resolución, fechada el 4 de enero y a la que tuvo acceso Espacio Andaluz, que este alto cargo de Juanma Moreno ni se abstuvo ni se inhibió en estos procedimientos de subvenciones públicas concedidas a los tripulantes de estas dos empresas, con los que guarda, como se ha dicho, relación de parentesco de segundo grado de consanguinidad (hermano/a) y que estas transferencia incurrieron en un «conflicto claro de intereses» entre investigado, Administración y entidades beneficiarias de las ayudas económicas.
Tras el dictamen de la Oficina Antifraude, la oposición política de Moreno, especialmente la izquierda andaluza, pidió entonces el «cese inmediato» de José Manuel Martínez Malia. Pese a todo ello, el PP de Andalucía, guardó primero silencio para, posteriormente y tras ver cómo la propia OAAF reducía finalmente la trascendencia del alcance de lo sucedido al considerar que las irregularidades «son de menor entidad atendidas las circunstancias de inexistencia de daño a las arcas públicas y de subsanación posterior a instancias del afectado», no cesar y blindar al máximo dirigente de Pesca de la Junta.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
