El PP de Andalucía tiene una hoja de ruta clara en materia de igualdad de género. Pese a que de cara a la galería, Moreno y su equipo de Gobierno aprovechen la semana previa y el mismo 8M para revestirse de feministas y de apostantes por la igualdad efectiva en la comunidad, las políticas implementadas por los populares desde que ascendieron al poder en la Junta de Andalucía dista mucho de esa particular fachada. Hace apenas días, era conocido que el Gobierno andaluz ha concedido, desde 2021, un total de 1,7 millones de euros a asociaciones antiabortistas en un acuerdo que cerró con Vox para la aprobación de los presupuestos de la Administración andaluza en 2020. Unas ayudas que, ya sin el partido ultra presente dada la mayoría absoluta disfrutada, ha decidido mantener y que no tiene intención de retirar. De hecho, en el presupuesto de cara a 2024, la partida prevista para esta cuestión asciende a la friolera de 700.000 euros.
Estas subvenciones a organizaciones en contra de la interrupción del embarazo -y cuyo objeto social es la «protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano», que han permitido crear todo un tejido asociativo antiabortista en Andalucía, no es, sin embargo, la única de las medidas polémicas en materia de género del dirigente andaluz. El Ejecutivo dirigido por el malagueño sigue manteniendo el teléfono de violencia intrafamiliar que pusiesen en marcha a finales de 2020. El Gobierno andaluz, a través de una Consejería que lideraba, por entonces, Ciudadanos, activó este teléfono tras pactar su puesta en marcha también con Vox. Tres años después, este soporte de contacto que abraza el negacionismo feminista y la tesis de que no existe violencia de género sino violencia en el seno familiar, sigue activo, habiendo acumulado 1.500 llamadas en el intervalo de tiempo que va desde octubre de 2020 hasta junio de 2023, lo que supone poco más de una llamada de media al día. De hecho, este ha contabilizado en estos tres cursos menos llamadas que el de atención a las mujeres en un mes.
La última de las políticas del presidente andaluz y de los populares en detrimento de la igualdad de género en la comunidad la han implementado, precisamente, hace tan solo un par de semanas, tras la aprobación del macro-decreto ley de «simplificación y racionalización administrativa», con el que han recortado, entre muchas otras cuestiones, parte de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. La nueva norma ha eliminado de un plumazo la obligatoriedad que tenía la Cámara de Cuentas andaluza de incorporar en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma la fiscalización del cumplimiento de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Junta, o, la Comisión de Impacto de Género en los presupuestos andaluces, dejando en manos de la Consejería de Hacienda el informe de evaluación de impacto de género -«en coordinación» con el resto de consejerías-.
Este nuevo «decretazo», como numerosas voces políticas, sindicales y asociativas lo han calificado, también ha sustituido las auditorías de género en todos los departamentos de la Junta por una mera evaluación «con una visión completa e integradora» y ha modificado el artículo 27 (‘Planes de igualdad u presencia equilibrada en el sector empresarial’) de la citada Ley, de forma que ahora en aquellas empresas privadas no obligadas a la elaboración de planes de igualdad por ley se elimina la necesidad de contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, medidas para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, la protección frente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como incluir criterios y mecanismos de seguimiento, evaluación y actuación, reduciendo el contenido de estos planes a una absoluta indefinición.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
