Donde dije ‘digo’, ahora digo ‘Diego’. Algo así parece haberle ocurrido recientemente a la secretaria general del Partido Popular y portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, al referirse en 2018 a la «importancia para la democracia» de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «cada cinco años», período de tiempo en el que vence cada mandato de este órgano: «Creo que es importante para la democracia que seamos capaces de darle tranquilidad al Poder Judicial», aseveraba la líder genovesa, por entonces vicepresidenta de Política Social del Grupo Popular, al participar en el ya extinto magacín matinal de RTVE ‘Los desayunos’.
Ahora, casi seis años más tarde, pensamiento y obra parecen ser muy diferentes por instancias populares y distar mucho de las ya vetustas declaraciones de Gamarra. Este próximo mes de diciembre, el CGPJ cumplirá su sexto año de gobierno caducado, es decir, la alarmante cifra de 2.190 días, sin ser remozado. La razón no es otra precisamente que el bloqueo al que tiene sometido el Partido Popular que, con diferentes excusas, se han desmarcado de los últimos pactos cuando ya estaban casi cerrados, llegando en ciertos momentos, incluso, a amagar con no sentarse tan siquiera a hablar.
La no renovación del Gobierno de los jueces, de alguna manera, supone vulnerar la norma por la vía de los hechos, ya que el artículo 567.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe expresamente que los vocales repitan en el cargo dos mandatos seguidos. Una transgresión que, sin embargo, se ha prácticamente cumplido, puesto que si bien las funciones de este órgano están, hasta nuevo mandato, ciertamente limitadas, son ya 11 los años que la gran mayoría de sus vocales llevan en el puesto.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).