amama eleva a siete las mujeres andaluzas fallecidas por la crisis de los cribados del cáncer de mama

Amama eleva a siete las mujeres andaluzas fallecidas por la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía

19 Ago, 2026 · 16:33h

La crisis por los cribados de cáncer de mama en la sanidad pública andaluza suma un nuevo capítulo trágico. La Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama (AMAMA) ha elevado a siete la cifra de mujeres andaluzas fallecidas a causa de las negligencias y las demoras acumuladas en el programa de detección precoz del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La entidad atribuye estas muertes a fallos asistenciales directos en el sistema autonómico, exigiendo responsabilidades administrativas tras documentar centenares de casos con retrasos diagnósticos en la comunidad.

Esta nueva actualización de Amama del número de defunciones femeninas como consecuencia del escándalo de la Junta en los cribados del cáncer mamario contrasta frontalmente con la versión oficial ofrecida por el Gobierno de Juanma Moreno (PP), que casi un año después de destaparse el drama, sigue negando que existan muertes por ello, pese a que familiares de las propias difuntas han alzado la voz en repetidas ocasiones para hacer público su funesto caso.

Mientras que la Junta únicamente reconoce 2.317 expedientes con retrasos y 23 tumores detectados tras su revisión interna, los registros de la plataforma elevan a 366 las afectadas por los cribados de cáncer de mama que terminaron desarrollando un tumor debido a la falta de un diagnóstico precoz. Desde la asociación sostienen que los fallos del sistema continúan dejando fuera del cómputo oficial a la mayoría de las pacientes perjudicadas.

En el plano judicial, la exigencia de responsabilidades ha quedado restringida a la vía administrativa tras el archivo decretado por la Fiscalía respecto a las denuncias penales presentadas contra la gestión autonómica. Al no detectarse indicios de delito penal, las familias de las víctimas de los cribados de cáncer de mama han redirigido su estrategia jurídica hacia reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la administración pública para exigir indemnizaciones por los daños causados.

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