El ex número dos de Moreno en Andalucía, Elías Bendodo, se encuentra en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción. El actual vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular fue el encargado de firmar hasta 3.400 contratos exprés que la Junta de Andalucía efectuó durante la pandemia, un modelo de contratación que ya fue rechazado desde los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y que suscitó una importante controversia, dado que solo habilitaba un plazo de 24 horas, desde que se presentase la oferta de empleo en la web de la administración, a las diversas entidades que quisieran concurrir a cualquier convocatoria para la presentación de mails con el objetivo de hacerse con la plaza. Una dinámica que, de facto, provocó que solo opositasen a estas licitaciones aquellos entes y sujetos que se habían enterado de la existencia de dicho llamamiento.
El resultado de esta gestión arrojó la adjudicación de más de 3.400 plazas por la vía de las ya famosas ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’, que vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad, «constitucionalmente consagrados». Este método dio cauce, fundamentalmente, a la suscripción de 3.000 vigilantes de playas en las costas andaluzas de cara al verano de 2020, cuando una Andalucía afanosa de ingresos económicos por el escenario pandémico precisaba consagrar la mayor de las normalidades en uno de sus principales sectores económicos: el turístico.
Estos empleos debían salir del grupo 5 de la bolsa de contratación única y estarían remunerados mensualmente con hasta 1.900 euros. Sindicatos y ayuntamientos, sin embargo, dieron la luz de alarma. Las organizaciones sindicales advertían que la bolsa única no estaba constituida y baremada y que, con tanta premura, se antojaba imposible sacar a tres mil trabajadores de esta bolsa. Los ayuntamientos, por su parte, se cuestionaban por qué no podían ellos gestionar individualmente el empleo de sus playas, como era habitual, o por qué no se recurría al propio Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La opacidad y anomalía del marco de actuación fue levantando más pronto que tarde multitud de sospechas. Primeros fueron los propios sindicatos los que denunciaron la existencia de procesos de contratación que incurrían en flagrantes ilegalidades. Más tarde, asociaciones que representaban a colectivos vulnerables también reportaron lo sucedido. Por último, oposición, Fiscalía de Andalucía y, finalmente, la propia Justicia tuvieron que frenar la sangría de contrataciones exprés.
Pese a esta pausa, las ofertas de empleo presentadas desde la administración pública andaluza se propagaron, como asegura El Plural, hasta otras actividades económicas: médicos, enfermeros, arquitectos técnicos (12 plazas) y superiores (14 plazas), ingenieros industriales (26) o de minas (10), gestión financiera (43), administrativos (204), archiveros (2), gestores de patrimonio (10), informáticos (15), ingenieros técnicos agrícolas (62), trabajadores sociales (11) o veterinarios (8). Una coyuntura que hizo que los tribunales de primera instancia fueran reaccionando paulatinamente, estableciendo la nulidad de estas contrataciones por ser contrarias «de manera radical» a las garantías legales de igualdad, mérito y competencia, lo que obligó finalmente a la Junta de Andalucía a emitir una orden para cancelar estas suscripciones en febrero de 2022.
En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación en mayo de 2022, cuyos plazos han sido ampliados en dos ocasiones, habilitando la última de ellas que se prorrogue las pesquisas hasta este próximo mes de mayo. Bendodo y su equipo, sin embargo, han intentado en enésimas ocasiones negar encontrarse en el ojo de la diana por no haber recibido, tal y como confiesa, notificación alguna de dicho proceso. Un hecho que no implica, en absoluto, que la cuestión no sea objeto de indagación desde Anticorrupción.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
