La sombra de la corrupción comienza a establecerse sobre la cúpula del PP en Andalucía. La apertura de diligencias previas por prevaricación contra el líder del PP en Sevilla, Ricardo Sánchez, alcalde, en 2016, del municipio sevillano de Mairena del Alcor, por paralizar el proyecto de un tanatorio público en este pueblo y autorizar, sin embargo, uno privado a la promotora familiar de Jesús Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional de Juanma Moreno y actual consejero de la RTVA por designación del partido, eleva a dos los altos cargos regionales del Grupo Popular acechados por presuntas corruptelas en tan solo un mes.
Ricardo Sánchez, que ha llegado a dejar en suspenso durante siete años un anteproyecto de un centro funerario municipal en 2016, siendo alcalde del municipio mairenero, para, en 2021, por el contrario, autorizar la construcción de uno de titularidad privada a cargo de la promotora de la familia de Rodríguez Roa, dirigente popular y empleado de esta firma durante ocho años, se suma a la polémica práctica destapada en torno al jefe de los populares en Jaén, Erik Domínguez, del que fue desvelado hace 30 días un audio en el que adelantaba las bases de un concurso público para gerente del Consorcio de Transportes de la provincia jiennense, en noviembre de 2022, y que aún no había sido expuesto públicamente por la Junta de Andalucía.
«Son las bases que ha aprobado ya la Junta, que aún no están publicadas. Cuidado con esta información, por favor. Te la mando en máxima confianza para que lo tengas pendiente y concurras», afirmaba Domínguez en el mensaje sonoro, pidiendo suma cautela al receptor de este, a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. El destinatario de las bases de la convocatoria era Enrique Moreno, exparlamentario andaluz por Ciudadanos y que tras las autonómicas de mayo de 2022 se quedó sin participación en la sede de autogobierno de Andalucía tras la debacle del grupo naranja.
Moreno confesó que el Partido Popular jiennense le requirió, «por teléfono», que para tener la plaza «tenía que hacer campaña por el PP», y confirmó haber sido objeto de ofrecimientos desde instancias populares de «varios cargos orgánicos, puestos de confianza, como a otros muchos miembros de Ciudadanos que ahora están en el PP». El exdirigente ciudadano había rechazado, no obstante, hasta esa fecha «todos» porque «estaba cansado de la política» y «tenía vocación de servicio público», de ahí que quisiera presentarse a algún proceso selectivo, como el sugerido por el líder del PP en Jaén.
Ahora, por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona (Sevilla), Francisco José Córdoba, busca esclarecer la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso de tráfico de influencias en torno a la figura de su homólogo sevillano, para lo que ha ordenado, asimismo, dar traslado a la Fiscalía de la apertura del procedimiento abreviado, una fórmula judicial que permite agilizar la instrucción, el enjuiciamiento y el fallo de ciertos delitos. Este cauce legal se utiliza para infracciones castigadas con pena de prisión inferior a nueve años u otras penas no privativas de libertad, a las que podrían enfrentarse los dirigentes populares.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
