El presidente del Parlamento andaluz, el dirigente popular Jesús Aguirre, censuró en el diario de sesiones de la última de las jornadas plenarias de esta semana, la celebrada ayer jueves, el término “imputada”, proferido por el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, pese a que la máxima responsable del principal órgano sanitario de la comunidad se encuentra ahora mismo imputada literalmente por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en torno a las contrataciones fraudulentas efectuadas por el SAS durante los cursos 2021 y 2024.
La decisión, nuevamente unilateral y propia de la deriva “totalitaria” y “autoritaria”, como la califican grupos de la oposición andaluza como PSOE-A y la propia Adelante, que viene desarrollando el titular de la Presidencia de la sede de autogobierno andaluza, es ya la enésima polémica que suma alrededor de su proceder como máximo representante de la Cámara andaluza Aguirre, que incluso provocó que ayer estos dos grupos de la bancada progresista abandonasen momentáneamente el hemiciclo acusándole de “parcialidad”, una cualidad de la que ha de carecer completamente como moderador del Parlamento andaluz.
Cabe recordar que la vigente gerente del SAS ha sido imputada recientemente por el tribunal de instrucción sevillano tras haberse constatado que en enero y julio del presente curso firmó, como ya lo habían hecho también sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, adendas de prórrogas para adjudicaciones a dedo a clínicas privadas que el SAS otorgó entre 2021 y 2023 haciendo uso de un mecanismo que desde principios de 2021 se encontraba ya derogado, es decir, que no estaba ya vigente. Estas contrataciones, como advirtieron los propios interventores del Sistema Público de Salud y del principal órgano de fiscalización de la propia Junta de Andalucía -es decir, funcionarios del mismo ente público- fueron realizadas “al margen de la ley”, de forma “abusiva” y de manera “injustificada”.
La primera estas prórrogas a estos contratos que buscaron eludir la publicidad y la concurrencia competitiva, es decir, los protocolos ordinarios de contratación del ente público, permitiendo así que fuese y sea la Administración andaluza la que dirima discrecionalmente con quien licita y por cuánto, fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para la “prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológico del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Un contrato que solo debió ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de ese mismo año pero que, ahora bien, ha ido extendiéndose hasta en cuatro ocasiones hasta la fecha.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
