Octavio SánchezLas más de 33.000 hectáreas calcinadas en Huelva y Sevilla por el megaincendio de Niebla han reabierto seriamente las dudas sobre la capacidad de gestionar óptimamente incendios, las carencias y recortes en materia de prevención forestal y la dependencia de los recursos de emergencia del Gobierno central por parte de la Junta de Andalucía, cogobernada por PP y Vox. Algo que ya ha venido ocurriendo durante estos últimos años ante accidentes climáticos (como los fuegos, en verano, o las danas, en otoño/invierno) en puntos de la geografía española cuyas instituciones autonómicas están codirigidas por ambos partidos o en solitario por el Partido Popular.
En Niebla, lo que comenzó en el paraje de Raboconejo siendo advertido inicialmente por la propia Junta como “controlado“, se ha terminado convirtiendo en el mayor desastre medioambiental de la temporada, multiplicando por cinco (33.000 hectáreas) la extensión de terreno alcanzada por el inmediato precedente de Los Gallardos, en Almería (7.000 hectáreas), cuya nefasta intervención desde la Administración andaluza ya fue ampliamente criticada (pues se saldó con 14 fallecidos). El incendio de Niebla, ya declarado como estabilizado por las autoridades andaluzas, ha obligado al desalojo preventivo de más de 700 personas en diversos municipios de las provincias de Huelva (524) y Sevilla (191).
Ante la virulencia y la rápida evolución de las llamas, la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía se vio obligada a elevar el nivel de emergencia a la Situación Operativa 2. Este paso administrativo resulta imprescindible para solicitar formalmente la intervención del Gobierno de España y el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), una gestión de los tiempos de respuesta que vuelve a situar bajo la lupa los protocolos autonómicos de gestión de emergencias, como ya ocurrió con los retrasos en los planes de evacuación del fuego desatado en territorio almeriense.
El balance de efectivos sobre el terreno refleja hasta qué punto el operativo autonómico ha necesitado el auxilio estatal para contener el avance del fuego. Para hacer frente al incendio se movilizaron 250 militares de la UME (procedentes del Batallón de Intervención BIEM II) junto a maquinaria pesada y autobombas, un contingente que llegó a igualar prácticamente al volumen de efectivos terrestres desplegados por el propio Plan INFOCA en los momentos más críticos.
Aunque la dirección técnica del operativo atribuyó la velocidad de propagación a fenómenos meteorológicos adversos —como inversiones térmicas, pirocúmulos y fuertes rachas de viento que generaron saltos de llama a gran distancia—, la necesidad de recurrir masivamente a las Fuerzas Armadas ha reactivado las denuncias de las plataformas de trabajadores del medio natural y sindicatos. Colectivos del INFOCA han cuestionado que la administración autonómica confíe la resolución de grandes incendios a la capacidad de respuesta del Estado en lugar de consolidar un dispositivo autonómico dimensionado durante todo el año.
La crítica de los colectivos profesionales y de organizaciones ecologistas no se dirige al trabajo de los retenes en las labores de extinción, sino a la política de gestión forestal. Diversas organizaciones señalan que la Junta de Andalucía ha priorizado el gasto en emergencias veraniegas frente a la inversión continuada en prevención invernal, que incluye el mantenimiento de cortafuegos, el desbroce en profundidad y la contratación de personal estable durante los 12 meses.
A la falta de trabajos preventivos en los meses fríos se suma el factor del paisaje. La comarca del Condado de Huelva cuenta con extensas masas de monocultivo de eucalipto destinadas a la producción industrial de celulosa. Se trata de una especie altamente inflamable y pirófita que, combinada con periodos de sequía y olas de calor, transforma el monte en un polvorín fuera de la capacidad de control de los medios de extinción convencionales.
Por su parte, desde el Gobierno andaluz se defiende que el Plan INFOCA cuenta con la mayor dotación presupuestaria de su historia y se encuadra la virulencia de Niebla dentro de los denominados “incendios de sexta generación”, marcados por el cambio climático y comportamientos impredecibles.
Sin embargo, el volumen de hectáreas devastadas y el despliegue de emergencia estatal dejan sobre la mesa el debate sobre si el modelo de protección forestal andaluz requiere una reforma estructural urgente que priorice la salud de la masa forestal sobre la capacidad de respuesta ante el desastre.
