Iván JiménezDesde que Juanma Moreno fue consagrado como presidente de la Junta de Andalucía, la Educación ha sido uno de los pilares públicos que más se ha tambaleado por los vientos privatizadores del Ejecutivo popular. Sin ir más lejos, hace apenas un mes conocíamos que para el próximo curso escolar, la educación pública andaluza comenzaría con 525 aulas menos que en 2024, ascendiendo a más de 3.000 el número de aulas que se han quedado en el camino desde que Moreno es presidente.
Este ‘reajuste’ ha provocado el malestar en AMPAs, cuerpo docente y sindicatos. Por ello, la Consejería de Educación parece haber puesto el punto de mira en zonas donde la ‘oposición’ es más débil y está menos organizada, en colegios de zonas de exclusión social. El sindicato USTEA ha denunciado que la provincia de Córdoba está siendo víctima de un desmantelamiento progresivo y silencioso de aulas públicas en zonas con necesidades de transformación social (ZTS), caracterizadas por altos niveles de pobreza, exclusión social, desempleo y otros factores que afectan negativamente al entorno educativo.
Mientras que las escuelas concertadas no sufren esta política de recortes, los padres y madres que quieren matricular a sus hijos en colegios públicos cada vez lo tienen más difícil. No solo por el recorte de aulas sino por el hacinamiento de alumnos a causa del recorte de las mismas, dificultando la enseñanza y aprendizaje. El CEIP Obispo Osio, el CEIP Albolafia, el CEIP Maestro Enrique Asensi, o el CEIP Pedagogo García Navarro, son solo algunos de los centros de la provincia de Córdoba que están sufriendo esta situación.
En el caso del CEIP Obispo Osio, en la capital de Córdoba, se ha eliminado una unidad de Infantil antes del 1 de marzo, lo que ha provocado que se quede con tan solo una única aula que mezcla los tres niveles con una ratio máxima, impidiendo la matriculación de una nueva alumna que pedía el centro como primera opción. Misma situación que ha ocurrido con el CEIP Albolafia, que además de dejar al centro con las tres aulas mixtas, una de ellas supere la ratio permitida.
En el caso del CEIP Maestro Enrique Asensi, de Puente Genil, se han suprimido dos unidades de Educación Primaria antes de conocer la demanda real de las familias, ha indicado el sindicato. Esto ha impedido que varias familias hayan podido matricular a sus hijos e hijas en el centro que habían escogido como primera opción, una situación que «no se habría producido de haberse mantenido la oferta existente». Actualmente, el centro se encuentra en una «situación crítica»: dos nuevas aulas con la ratio máxima permitida y agrupando niveles distintos, afectando a un alumnado especialmente vulnerable, con un alto porcentaje de necesidades educativas especiales y en riesgo claro de exclusión social y comprometiendo seriamente su derecho a una atención educativa adecuada.
Desde USTEA han indicado que resulta «preocupante» que estos recortes se estén produciendo en centros que no cuentan con asociaciones de familias constituidas para ejercer presión contra la administración, así como que «jamás» se producen en centros concertados. A modo de ejemplo, el caso de CDP Zaida, que ha recibido solo tres solicitudes para tres años o el CDP San Rafael, con cuatro solicitudes, sin que ello haya supuesto la agrupación de niveles ni recortes similares.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
Puedes encontrarme en algunas redes sociales como @ivanjimenezm98.
Codirector de Espacio Andaluz.
