Iván JiménezLa Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ha concluido que existen irregularidades en la adjudicación de un contrato menor a Caminos de Andalucía S.L, empresa vinculada al cantante José Manuel Soto, por parte del Gobierno andaluz. Esta resolución se produce después de que Por Andalucía denunciara ante el ente que la sociedad mercantil carecía del objeto necesario para ser la adjudicataria del contrato, que la Junta, a través de los Presupuestos de 2023, le otorga una subvención nominativa a la Fundación Destino Rocío, pese a carecer de actividad relevante, y a que puede existir favoritismo por parte del Gobierno andaluz a la hora de asignar las cuantías mencionadas -contrato menor y subvención-, entre otros.
El contrato, por un valor de 14.762 euros, fue adjudicado «sin la debida transparencia, sin competencia real y sin acreditar la solvencia técnica necesaria». Esta contratación formaba parte del proyecto «Caminos del Rocío», impulsado por el propio Soto y financiado con dinero público «sin presentar condiciones para poder desarrollarlo», concluye la resolución de la OAAF.
Cuando la empresa adjudicataria recibe el contrato menor el objeto de la misma se circunscribía a la «promoción, organización y realización de toda clase de actividades artísticos musicales», mientras que la gestión del contrato adjudicado por la Junta de Andalucía preveía actuaciones, no solo que superaban a las labores artístico musicales, sino al propio importe del contrato, tal y como ha especificado la OAAF, ya que la empresa debería haber realizado funciones de «planimetría, diseño y gestión de caminos, más que la de marketing o gestión cultural». Del mismo modo, casi un año después de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria cambió su objeto social y añadió labores de «gestión y fomento del patrimonio cultural», pero, incluso con la modificación, la OAAF ha concluido que estas actuaciones tampoco comprenderían la prestación contractual.
La Oficina Antifraude interpreta este hecho como «un refuerzo de las sospechas de trato de favor» que denunció Por Andalucía y la existencia de un contrato «hecho a medida» para Soto. La OAFF ha concluido que la empresa del artista andaluz «carecía de capacidad para actuar en el tráfico Mercantil en actividades ajenas al ámbito artístico musical». Por tanto, como la nulidad del contrato tiene que realizarla la empresa contratante, en este caso la Junta de Andalucía, ha requerido a la Administración que «haga revisión de oficio de la adjudicación y que en un plazo máximo de seis meses dé traslado a la Oficina de la copia de la Resolución por la que anula el contrato».
Por Andalucía ha pedido dimisiones y responsabilidad políticas al Gobierno andaluz después de que la Oficina Antifraude haya destapado las «deficiencias graves» en la adjudicación de este contrato menor al artista, realizado sin «garantías de transparencia ni concurrencia», lo que desde Por Andalucía remarcan como, «a todas luces, un trato de favor».
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
