Cristian López DomínguezLa Oficina Andaluza Antifraude ha solicitado a la Junta de Andalucía que «haga revisión de oficio» de una de las adjudicaciones otorgadas a José Manuel Soto, por valor de 14.472 euros, para desarrollar la Fundación Destino Rocío (carente de actividad relevante todavía por el momento) y que en un plazo máximo de seis meses dé traslado a este mismo organismo contra el fraude y la corrupción «de la copia de la resolución por la que anula el contrato».
El reclamo de Antifraude se produce después de que esta oficina haya detectado irregularidades en el contrato estipulado con Soto y con Caminos de Andalucía S.L., la empresa vinculada al cantante, y el Gobierno de Juanma Moreno. Este organismo ha estimado que la primera de las subvenciones que recibiese el artista cordobés, a título nominativo y por el citado valor de casi 15.000 euros, fue adjudicada «sin la debida transparencia, sin competencia real y sin acreditar la solvencia técnica necesaria». Esta contratación formaba parte del proyecto «Caminos del Rocío», impulsada por Soto y financiada con dinero público de la Junta, pese a «no presentar condiciones para poder desarrollarlo».
Antifraude ha determinado que cuando la empresa adjudicataria recibió el contrato menor, objeto de la misma, se circunscribía a la «promoción, organización y realización de toda clase de actividades artísticos musicales», mientras que la gestión del contrato adjudicado por la Junta de Andalucía preveía actuaciones, no solo que superaban a las labores artístico musicales, sino al propio importe del contrato, tal y como ha especificado la OAAF, ya que la empresa debería haber realizado funciones de «planimetría, diseño y gestión de caminos, más que la de marketing o gestión cultural».
Del mismo modo, casi un año después de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria cambió su objeto social y añadió labores de «gestión y fomento del patrimonio cultural», pero, incluso con la modificación, la OAAF ha concluido que estas actuaciones tampoco comprenderían la prestación contractual. Un hecho que la Oficina Antifraude interpreta como «un refuerzo de las sospechas de trato de favor» que denunció el grupo Por Andalucía, quien interpuso la denuncia, y la existencia de un contrato «hecho a medida» para Soto.
La OAFF ha concluido que la empresa del artista andaluz «carecía de capacidad para actuar en el tráfico Mercantil en actividades ajenas al ámbito artístico musical». Por tanto, como la nulidad del contrato tiene que realizarla la empresa contratante, en este caso la Junta de Andalucía, ha requerido a la Administración que «haga revisión de oficio de la adjudicación y que en un plazo máximo de seis meses dé traslado a la Oficina de la copia de la Resolución por la que anula el contrato».
Cabe señalar, ahora bien, que la OAAF también ha analizado el expediente de subvención por importe de 275.000 euros que la Junta concedió a la Fundación de Soto con cargo al Presupuesto 2023 y no ha encontrado «irregularidades según la información aportada en la denuncia», como han explicado a Diario de Sevilla fuentes de Antifraude.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
