Las izquierdas andaluzas han solicitado formalmente la celebración de un debate general en pleno, con propuestas de resolución, sobre el sistema de contratación pública del Servicio Andaluz de Salud durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Durante estos cursos, el principal órgano sanitario andaluz no solo adjudicó a dedo 243 millones de euros a clínicas privadas hasta extender estas contrataciones hasta el presente año, sino que hizo lo propio troceando contratos por valor de 700 millones de euros, en licitaciones menores a 30.000 euros -5.000, 15.000 y 30.000-, con el objetivo de eludir los protocolos ordinarios de publicidad y concurrencia competitiva y que fuesen destinados a un grupo selecto de empresas que prestan servicios en materia sanitaria.
En una instancia emitida a la Presidencia y a la Mesa del Parlamento andaluz, los tres grupos progresistas de la Cámara andaluza, PSOE de Andalucía, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han reclamado que “la gravedad de los hechos” requiere una “explicación política” del Consejo de Gobierno en sede parlamentaria, solicitando, de este modo, al máximo dirigente andaluz, Juanma Moreno, que comparezca para dar aclaraciones.
Esta decisión conjunta se ha precipitado durante las últimas semanas, a raíz de la admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla de la denuncia interpuesta por los parlamentarios del Grupo Socialista en relación con el presunto abuso de esta contratación de emergencia, una marco legal ya extinto y no vigente una vez terminó el período COVID, y de la apertura de diligencias de investigación este pasada semana sobre dicho caso por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Al mismo tiempo, los tres grupos confirman haber tenido acceso a los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía en los que se manifiesta la opinión desfavorable del citado organismo al uso de este tipo de contratación al margen de los requisitos y procedimientos marcados por la Ley de Contratos de Contratos del Sector Público, eludiendo la concurrencia pública “sin justificación alguna” y mediante el que se habrían adjudicado los 243 millones de euros a centros sanitarios privados citados anteriormente.
Además, el citado juzgado ha imputado recientemente a la actual gerente del SAS, Valle García, y a los dos gerentes anteriores entre 2020 y la actualidad, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, en el procedimiento por un presunto delito de prevaricación administrativa y ha solicitado la documentación referente a los expedientes de contratación en cuestión.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
