El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha decidido imputar a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, Valle García, y a sus dos predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán -quien quiso fichar por la aseguradora privada Asisa meses después de dejar su puesto en la cúpula de este órgano público–, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La investigación contra la que es y los que fueran máximos responsables del SAS, respectivamente, se encuentra localizada en el marco de la causa judicial que examina las adjudicaciones a dedo millonarias a clínicas privadas efectuadas por el Gobierno de Moreno entre 2020 y 2023 haciendo uso de un marco legal, el de las contrataciones de emergencia, que solo estuvo vigente hasta 2021 y que, sin embargo, el SAS extendió “al margen de la ley”, de forma “abusiva” y “de manera injustificada” -como advirtieron sus propios interventores tras auditar estas licitaciones- hasta junio de 2023.
En un primer momento, el PSOE de Andalucía, quien cursó la denuncia tras sumar más de año y medio recabando estos informes que apuntaban a supuestas prácticas delictivas desarrolladas desde el Ejecutivo andaluz, solo solicitó que se investigase a los dos ex máximos dirigentes del Servicio Andaluz de Salud por su vinculación durante los años en los que se realizaron estas adjudicaciones de emergencia.
Este pasado 11 de noviembre, sin embargo, el PSOE-A, personado en calidad de acusación particular en el proceso, decidió ampliar la querella a la actual gerente del SAS, la citada Valle García Sánchez, al detectar que se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio del presente curso 2024, a las que ha tenido acceso el diario El País.
La primera estas prórrogas a estos contratos que buscaron eludir la publicidad y la concurrencia competitiva, es decir, los protocolos ordinarios de contratación del ente público, permitiendo así que fuese y sea la Administración andaluza la que dirima discrecionalmente con quien licita y por cuánto, fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para la “prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológico del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Un contrato que solo debió ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de ese mismo año pero que, ahora bien, ha ido extendiéndose hasta en cuatro ocasiones hasta la fecha.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
