Octavio SánchezDiversas organizaciones educativas y sociales de Andalucía han acordado la convocatoria de una huelga general educativa en la comunidad para el próximo 11 de noviembre. La medida es el resultado del Encuentro por la Educación Pública Andaluza impulsado por las plataformas #NoviembreVerde y Universidades Andaluzas por la Pública (UAxP), que ha reunido a colectivos sindicales (Sindicato de Estudiantes, CNT, CGT, etc..), docentes, familias y estudiantado para articular un frente común contra el deterioro del sistema escolar y universitario autonómico.
La convocatoria señala directamente la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, al que acusan de desplegar una política sistemática de infrafinanciación y desmantelamiento de los servicios públicos en favor de la iniciativa privada. Entre los principales motivos del malestar figuran la supresión paulatina de aulas en la red pública de infantil y primaria mientras se blindan las subvenciones a la enseñanza concertada, así como la reciente irrupción de universidades privadas en la comunidad autónoma facilitada por el marco normativo de la Junta.
Las entidades promotoras denuncian que la presión privatizadora afecta a la totalidad de la pirámide educativa. En las etapas iniciales, familias y sindicatos critican la falta de plazas públicas gratuitas en el ciclo de 0 a 3 años y el colapso en la Formación Profesional, donde miles de jóvenes quedan sin plaza pública cada curso. En el ámbito universitario, la aprobación de la nueva legislación autonómica y la autorización de campus privados han encendido las alarmas sobre un cambio de modelo que prima el negocio sobre la igualdad de oportunidades.
Frente a esta coyuntura, las organizaciones —entre las que se integran áreas de intervención social y ecosocial como la de Ecologistas en Acción— han acordado construir la protesta desde la base. A partir del inicio de curso se activará un calendario de asambleas informativas y movilizaciones en los propios centros escolares y facultades para fomentar la autoorganización del profesorado, el alumnado y el personal de apoyo, cuyas decisiones se coordinarán posteriormente a escala provincial y regional.
En lugar de parches presupuestarios, los colectivos exigirán un giro radical en las políticas de la Consejería de Desarrollo Educativo. Entre las reivindicaciones prioritarias destaca la exigencia de destinar la financiación pública exclusivamente a la red pública, la aplicación de una bajada real de ratios por aula para mejorar la calidad docente y el incremento sustancial de la plantilla de profesorado y personal de atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
A estas peticiones se suman la mejora de las condiciones laborales del sector, el aumento de la partida destinada a becas y la urgente adecuación bioclimática de las infraestructuras escolares para hacer frente a las olas de calor. La comunidad educativa mantendrá su primera gran cita organizativa el 26 de septiembre en una asamblea autonómica donde se evaluará el arranque del curso y se concretarán los detalles del paro general convocado para el 11 de noviembre.
