Octavio SánchezPoseer una acreditación oficial de guía de turismo emitida por la Junta de Andalucía ya no es suficiente si lo que quieres es cruzar el umbral de la Mezquita de Córdoba. En los últimos meses, el malestar en el sector turístico andaluz ha ido en aumento debido a un filtro impuesto de manera unilateral: una acreditación propia previo examen obligatorio a cargo del Cabildo de la Mezquita. La polémica surge tras la denuncia de profesionales que se encuentran en un limbo laboral en su propia ciudad.
El conflicto, sin embargo, va mucho más allá de un simple examen de contenidos. “Si el examen es ilegal, da igual si se hace mejor o peor”, zanja de inicio Julio Díaz Sánchez, guía turístico y vicepresidente de Inguíate, una asociación nacida hace dos años para romper las dinámicas del sector en Córdoba. Para Díaz, el núcleo de la cuestión es jurídico y de libre competencia: el Cabildo se ha inventado un arancel competencial en un monumento que recibe tres millones de visitas al año. “Un guía oficial de la Junta puede trabajar en el Museo del Prado, en la Sagrada Familia o en la Alhambra. En Granada solo mandas un escrito y te autorizan al momento. En la Mezquita de tu propia ciudad, es imposible”, denuncia.
El filtro no es nuevo, pero su aplicación se ha vuelto asfixiante para las nuevas generaciones de profesionales. Lo que antes se gestionaba bajo lógicas de “familiaridad o cercanía al entorno” del templo, hoy se ha blindado con una prueba opaca. El resultado es un cuello de botella económico que daña la imagen del sector y genera situaciones de tensión extrema a pie de calle. Díaz relata que el control dentro del templo roza lo policial: “Si entras y ven que estás explicando, van a por ti y te echan directamente. Hace meses, en una jornada de formación interna, llamaron a la policía y nos expulsaron; fue violento y desagradable”. Una situación que, según el portavoz de Inguíate, degrada a profesionales con carreras universitarias e idiomas a la categoría de “guías de segunda división” frente al turista, con el consiguiente perjuicio económico que supone eso.
La gran pregunta apunta directamente a los despachos de la administración pública. Si los guías ya están habilitados por el Ministerio y la Junta de Andalucía para ejercer en todo el Patrimonio Histórico Andaluz, ¿por qué nadie frena los pies al Cabildo?
La respuesta de las instituciones destila, cuando menos, pasividad. El Defensor del Pueblo y la Agencia de la Competencia ya han dejado por escrito que este doble filtro vulnera las reglas del juego. Sin embargo, la Delegación de Turismo en Córdoba prefiere mirar hacia otro lado. “El delegado nos dijo que intentaría ‘mediar’, una postura tibia porque un cargo público no debe mediar ante una ilegalidad, sino intervenir”, lamenta Díaz. El sainete administrativo tocó techo cuando el propio delegado afirmó en prensa que “carecía de medidas coercitivas” para obligar a la Iglesia a cumplir la normativa. “Es de una gravedad total que un delegado diga que no puede hacer cumplir la ley en el monumento principal de su ciudad”, añade el vicepresidente de Inguíate.
El agravio comparativo es evidente incluso dentro de la propia Iglesia católica. La Giralda de Sevilla, gestionada también por un Cabildo, sí se pliega a la legalidad vigente y permite el acceso a los guías oficiales sin inventarse registros paralelos. Para la asociación de guías, la resistencia de Córdoba responde a un interés puramente crematístico respaldado por colectivos locales como la asociación APIC, a la que acusan de defender “un privilegio ilegal”.
“Hay un cuello de botella donde unos pocos se aprovechan del monumento de manera ilícita en connivencia con los estamentos del entorno para repartirse el pastel”, concluye Díaz. Los guías, que de momento descartan la vía judicial a la espera de que el Consejo de Regulación de la Competencia mueva ficha de forma definitiva, siguen perdiendo dinero cada día que pasa. Mientras tanto, el monumento más universal de Córdoba sigue funcionando, a efectos prácticos, como un cortijo privado.
