Octavio SánchezLa calle Alberto Jiménez Becerril, un enclave estratégico frente al Guadalquivir, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que trasciende lo vecinal para entrar en el terreno de la soberanía habitacional. El Ayuntamiento de Sevilla, mediante una resolución de la Gerencia de Urbanismo, ha despejado el camino para que un bloque de 102 viviendas de Protección Oficial (VPO) pase de la cartera de InmoCaixa a la órbita de la sociedad Inmoliving. La operación proyectada, valorada en 4,1 millones de euros, arroja una cifra que ha encendido las alarmas de los expertos: un coste medio de 40.000 euros por vivienda. En un mercado donde el precio de reposición y la demanda en la zona norte de la ciudad no dejan de escalar, esta transferencia de activos a precio de saldo bajo un régimen de protección oficial plantea interrogantes sobre la tutela del patrimonio público.
1. La mecánica de la renuncia: el “silencio” de la Gerencia
La controversia jurídica nace el pasado mes de marzo. Según la normativa vigente, al tratarse de VPO, cualquier intención de venta de un gran tenedor debe ser comunicada a la administración para que esta ejerza, si lo estima oportuno, el Derecho de Tanteo y Retracto contemplado en la Ley 1/2010 de Vivienda de Andalucía. Este mecanismo es la última frontera para evitar que el parque público financiado con recursos colectivos termine en el mercado especulativo.
Sin embargo, el gobierno municipal de José Luis Sanz notificó su negativa a intervenir. La justificación oficial se centró en la existencia de nueve viviendas con situaciones de “ocupación” o “impago”. Un argumento que los colectivos vecinales y el equipo legal que los asiste califican de excusa. Tanto Emvisesa como la Gerencia de Urbanismo han declinado facilitar la documentación o emitir una valoración oficial.
2. El rastro de las empresas
Aunque la oferta de compra está firmada por Lagoom Living, la trazabilidad del capital nos traslada a Estocolmo. La operadora actúa como el brazo ejecutor en España de Iberian Yield Investment AB, una matriz sueca vinculada al grupo de inversión Recapital.
Tras indagar podemos ver como hay un apellido común que se repite, la familia Rosenberg, una de las fortunas más activas en la adquisición de activos inmobiliarios en el sur de Europa.
El letrado Francisco Granados, encargado de la estrategia legal de los vecinos, aporta una visión crítica sobre la naturaleza de este capital y su trasfondo:
“Todo esto es capital vinculado a la familia Rosenberg, con intereses en Israel. Es un modelo que hemos visto en otros lugares: una cultura de inversión que busca activos públicos infravalorados por la propia administración. No me gusta la cultura imperialista de desplazar a la gente de sus viviendas, de sus tierras y de su aire para convertirlas en un producto de extracción de beneficios. Es lo que estamos viendo: Málaga, por ejemplo, es una ciudad que está convertida en una ciudad de servicio a los ricos y ya está”.
3. La paradoja de FIBES: una doble vara de medir
Mientras la Gerencia de Urbanismo alega “dificultades de gestión” para no adquirir el inmueble de Jiménez Becerril por 4,1 millones, de forma paralela ha adjudicado a la misma empresa, Lagoom Living, la concesión de suelos públicos en la zona de FIBES para la explotación de casi 700 alojamientos.
Esta dualidad resulta, cuanto menos, paradójica: la administración permite la entrada de un fondo en un bloque de VPO ya construido y consolidado, mientras le entrega nuevos suelos públicos para su explotación privada. Esta concentración de activos en manos de un solo actor extranjero es lo que los expertos definen como un proceso de “vaciado patrimonial” de la ciudad.
4. La anomalía jurídica: el Registro de la Propiedad como escudo
Para Granados, la operación se encuentra en un punto crítico donde la legalidad de la VPO debe prevalecer sobre la libertad de mercado:
“Es un disparate jurídico. La información del Registro de la Propiedad es la que rige el tiempo de protección y tiene efectos para todos. No es admisible que la Administración renuncie a su prioridad y permita que un ente privado absorba un edificio bajo premisas que no están debidamente documentadas en el expediente público. Hay un aspecto de planificación y filosofía; antes de hacer la política, ya se diseña la política. El modelo actual de colaboración público-privada capitalista a ultranza es: yo te doy el suelo, tú levantas el edificio, y a los diez años, barra libre y el inquilino a la calle”.
6. El Sindicato de Inquilinas: hacia un modelo de “buitrización”
Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, su miembro Jaime Jover enmarca el conflicto en una deriva estructural de la política de vivienda sevillana, señalando directamente al modelo de gestión:
“El Ayuntamiento no quiere adquirir el edificio porque no quiere. Puede poner la excusa que quiera, su política es clara: va a construir poca vivienda pública, y la que haga, va a tener precios de salida imposibles. El problema de raíz está en la propia concepción del modelo público-privado, por el que se usan recursos de todos para financiar vivienda que en realidad está en manos de un banco como La Caixa, el mayor tenedor de vivienda de Andalucía. Que los fondos buitres están campando cada vez más a sus anchas es una evidencia en todo el país”.
Jover destaca que, si bien el caso de Jiménez Becerril es excepcional por su tamaño en Sevilla, la tendencia es clara:
“Aquí su capacidad para permear es más baja que en Madrid o Barcelona, pero vemos cómo están adquiriendo bloques más pequeños en el centro de la ciudad con el objetivo de exprimirlos como pisos turísticos, muchas veces expulsando a todas las vecinas. De esos ya tenemos un par de bloques en el Sindicato”.
7. El espejo de Málaga y el horizonte legal
La comparativa con la promoción de Soliva, en Málaga, desmiente la tesis de la “imposibilidad técnica”. En la ciudad vecina, ante una intención de venta idéntica y por parte de los mismos actores (InmoCaixa y el fondo sueco), la presión social logró que el Ayuntamiento rectificara y ejerciera el derecho de tanteo.
En Sevilla, la vía legal sigue abierta. La estrategia de Francisco Granados busca demostrar que la renuncia municipal se hizo bajo premisas erróneas de ocupación que son, en realidad, alquileres judicializados. Mientras tanto, las familias de Jiménez Becerril esperan que la administración decida si su prioridad es el arraigo de sus ciudadanos o facilitar la desinversión de las entidades bancarias hacia capitales transnacionales.
