Dos son ya los órganos que fiscalizan el correcto quehacer del sector público en Andalucía y que han sancionado públicamente en el último año al Gobierno de Moreno por haber abusado desde el SAS, de manera «indebida» y «sin justificación», de contratos a dedos por valor de 300 millones de euros a empresas durante los cursos 2020 y 2021: los interventores del propio Servicio Andaluz de Salud y la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Si en diciembre de 2023, los auditores del principal proveedor sanitario del sistema de salud público de la comunidad notificaban al Ejecutivo autonómico el uso «indebido» de los contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, pues entendían que ya no existía pretexto alguno ya que, en mayo de 2021, «la pandemia ya estaba muy atemperada» y era más «previsible» que en el curso inmediatamente anterior -donde eclosionó, por sorpresa, el proceso pandémico-, en julio de este curso, como ha desvelado elDiario.es, la administración pública andaluza también recibió otro informe definitivo «desfavorable», esta vez, a manos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por el uso sistemático de esta contratación de emergencia carente de fundamento.
Pese a que el mismo Gobierno andaluz se había escudado, en torno al informe de los interventores del SAS, en que este segundo de los reportes, el de la Cámara, planteaba «salvedades» a la actividad contractual de la Junta y sus entidades en el ejercicio 2020 vinculados a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, lo cierto es que en este documento oficial abundaban también las advertencias que previamente hicieron los auditores del Servicio Andaluz de Salud, censurando, de igual forma, el aplique persistente de la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, cuando el escenario pandémico no respaldaba ya la prórroga de la adjudicación arbitraria de fondos públicos, es decir, no legitimaba, llegado este momento, el esquivar los controles habituales de fiscalización.
La apreciación, ahora bien, por parte de la Cámara, órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la administración andaluza y del conglomerado público del territorio, de que estas actuaciones de contratación «resultaron, conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable», había servido de salvavidas al que aferrarse para el Ejecutivo de Moreno para ignorar el informe previo de sus interventores: «La Cámara de Cuentas ha revisado esos contratos y no ha hablado en ningún momento de irregularidades. Eso ha quedado bastante claro», aseguraba el propio líder de los populares andaluces al ser preguntado por la cuestión durante una entrevista esta semana en El Mundo.
Cabe subrayar, sin embargo, que este órgano analizó fundamentalmente los contratos exprés de todo el sector público autonómico y sus entes adscritos en el ejercicio 2020, mientras que el balance de los supervisores del SAS se ciñó al examen de las contrataciones del propio servicio sanitario andaluz exclusivamente. De la misma forma, ni la evolución de la pandemia ni la legislación posibilitada para agilizar estas licitaciones en los organismos públicos era la misma en 2020 que en 2021, de ahí, precisamente, que los inspectores del SAS acusen al ente autonómico de valerse de un marco legal estatal «derogado» en mayo de 2021 para seguir prolongando «sin justificación alguna» dicho sistema de contratación selectiva.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
