Cristian López DomínguezNuevo duro golpe para el Gobierno andaluz y para una de las principales carteras administrativas de la Junta de Andalucía, la Consejería de Inclusión Social y Familias (liderada por la dirigente popular Loles López). El despropósito que vive actualmente la resolución de la ayuda de la dependencia en Andalucía, donde el tiempo de espera promedio para solventar un expediente asciende a casi 600 días (tras una ligera mejora, cinco días menos, registrada durante el pasado mes de febrero) se ha cobrado el puesto de un nuevo alto cargo de la Junta, el jefe de servicio de valoración de la ley de dependencia en Sevilla.
El dirigente de la estructura pública ha dimitido en plena polémica por el nuevo modelo de gestión de la Administración andaluza y solo seis meses después de acceder al cargo, tras precisamente también la renuncia de su antecesor, envuelto en el clima irrespirable de tensión laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras que se encargan de valorar los casos, y que continúa, según han podido saber medios como Cadena Ser, aún hoy día.
Una dimisión que la Junta, por enésima vez ya (y van decenas y decenas), ha querido escurrir atribuyéndola a «motivos personales» (el ya sempiterno pretexto del Gobierno de Moreno para externalizar responsabilidades en un intento por tapar las infinitas ineficiencias en la gestión pública de su Ejecutivo).
La del directivo de la provincia sevillana y la de su predecesor, además, no han sido las únicas de las modificaciones recientes en la cúpula del servicio de valoración de la dependencia en territorio andaluz, puesto que el antecesor presentó su renuncia poco después de que dos jefas de servicio, las de Córdoba y Granada, fuesen cesadas por el Gobierno andaluz al oponerse a la aplicación del actual modelo de gestión de la ayuda implementado por el ente público.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
