Cristian López DomínguezLos tres últimos gerentes en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Juanma Moreno se sentarán el próximo 25 de noviembre en el banquillo judicial como imputados en el marco de la causa que investiga en estos momentos en los tribunales la «trama» de miles de contratos fraudulentos organizadas desde el principal órgano sanitario de la comunidad para la licitación con entidades privadas que operan en la sanidad andaluza de contrataciones por valor millonario que fueron adjudicadas a dedo.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, el que asume las pesquisas y directrices judiciales ha convocado para ese día a Diego Vargas y a Miguel Ángel Guzmán (quien pretendía, incluso fichar como director médico de la aseguradora privada Asisa, solo meses después de dejar el cargo), antiguos máximos mandatarios del SAS, y Valle García, la actual máxima responsable, para que den explicaciones sobre estas numerosas actuaciones con las que la Junta de Andalucía orquestó contrataciones públicas con clínicas privadas por valor de 243 millones de euros.
En un primer momento, el PSOE de Andalucía, quien cursó la denuncia tras sumar más de año y medio recabando estos informes que apuntaban a estas supuestas prácticas delictivas desarrolladas desde el Ejecutivo andaluz, solo solicitó que se investigase a los dos ex máximos dirigentes del Servicio Andaluz de Salud por su vinculación durante los años en los que se realizaron estas adjudicaciones de emergencia.
Este pasado 11 de noviembre, sin embargo, el PSOE-A, personado en calidad de acusación particular en el proceso, decidió ampliar la querella a la actual máxima dirigente del SAS, la citada Valle García Sánchez, al detectar que se han estado firmando adendas de esos contratos exprés, no solo entre 2021 y 2023, sino también en enero y julio del presente curso 2024, a las que ha tenido acceso el diario El País.
La primera estas prórrogas a estos contratos que buscaron eludir la publicidad y la concurrencia competitiva, es decir, los protocolos ordinarios de contratación del ente público, permitiendo así que fuese y sea la Administración andaluza la que dirima discrecionalmente con quien licita y por cuánto, fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para la «prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológico del SAS», que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Un contrato que solo debió ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de ese mismo año pero que, ahora bien, ha ido extendiéndose hasta en cuatro ocasiones hasta la fecha.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
