A seguir demoliendo y legitimados

En política institucional y, asumiendo términos legales —visto lo visto, ya otro día hablamos de morales y/o éticos—, se antoja tremendamente importante que las acciones desarrolladas por un sujeto o una formación reciban la legitimidad política conveniente. En democracia, al menos, en su concepción más reduccionista —puesto que lo democrático no debería, en absoluto, limitarse a lo representativo, y sí aspirar a lo participativo—, esta legitimidad la confieren los ciudadanos con sus votos y las instituciones que, a través de mayorías, tienen la capacidad de conferir el poder en nombre del pueblo. De este modo, no hay mayor proceso de fiscalización política —en España— que desarrolle la ciudadanía que el de acudir en masa llegada la cita electoral a las urnas y dictaminar cuán legítima —y, por ende, beneficiosa (o no)— ha sido la gestión desarrollada por aquell@s que copan temporalmente las instituciones.

Desde que, el pasado 21 de julio de 2022, Juanma Moreno fuese nombrado, BOE y BOJA mediante, presidente de la Junta de Andalucía —por segunda legislatura consecutiva—, la mayoría absoluta que le había conferido, esta vez, la sociedad andaluza —al menos, aquella que había decidido ejercer su voto— ya había traído consigo muestras notables de que él y el partido al que abandera (PP andaluz) se iban a alejar mucho de los tintes ‘moderados’ de los que constantemente buscan embadurnarse y, más aún, de eludir gobernar para el interés de grandes corporaciones y fortunas y sí para el de la mayoría social andaluza. La eliminación de la Consejería de Igualdad —apenas dos días más tarde de recibir su nombramiento—, la supresión del impuesto de patrimonio —una rebaja fiscal que solo beneficia a un 0,2 % de los andaluces—, la apertura de toda ventana a la externalización en cualquiera de los servicios básicos que preste la Administración regional o que le sea competente, la tarificación de la Atención Primaria —inédita en la historia de la sanidad andaluza—, o, la ampliación de la zona de regadíos en la Corona Norte de un ya más que golpeadísimo Parque Nacional de Doñana —en contra de multitud de voces expertas e instituciones (supra)nacionales— y abocando al agravio al espacio natural y a multas millonarias a la comunidad, son solo pequeños atisbos de esta, a todas, certeza.

La enérgica y firme oposición —o eso parecía— que Moreno y su equipo de Gobierno habían encontrado ante la gran mayoría de estas decisiones que azotaban de lleno a los pilares de un ya históricamente marchito Estado del bienestar en Andalucía y que les había obligado, por mero interés electoralista, dada la proximidad de las elecciones municipales, a recular en sus temibles propósitos iniciales, se desmoronó este pasado 28 de mayo tras los resultados electorales que brindaban, no solo la victoria al Partido Popular en siete de las ocho capitales provinciales andaluzas, sino, y más significativamente, la legitimidad política para seguir demoliendo y ofreciendo al mercado y a las voluntades particulares y/o grupales de empresas, inversores y (grandes) holdings sectoriales, sin consecuencias ni temor algunos, los sustentos vitales básicos, la prosperidad y, por consiguiente, el progreso de la casi totalidad de los andaluces y las andaluzas.

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