Cristian López DomínguezLas universidades públicas de Andalucía han sido, y siguen siendo, referentes no solo en nuestra comunidad autónoma, sino también en todo el país y el mundo. Basta con ver que nueve de las diez universidades públicas de Andalucía se encuentran entre las 500 mejores del mundo según el «Academic Ranking of World Universities» (ARWU), conocido como el «Ranking de Shanghái». La red de universidades públicas es el mayor ascensor social de nuestra tierra y el eje vertebrador que nos ha permitido, en poco más de 40 años de autonomía, convertirnos en una tierra de conocimiento e investigación.
Las universidades públicas son la mayor garantía de igualdad de oportunidades en nuestra tierra. No importa de dónde vengas, ni tu capacidad económica ni la de tu familia; solo tú, el estudiante, eres dueño de tu destino. El futuro de nuestros jóvenes depende exclusivamente de su ilusión, capacidad y esfuerzo para alcanzar los retos y metas que se propongan. Este modelo, que nuestros gobiernos andaluces han defendido desde la promulgación del primer Estatuto de Autonomía, está hoy en peligro. Y hay un culpable: el Partido Popular de Andalucía y el Gobierno de Moreno Bonilla.
Recuerdo los años 2013, 2014 y 2015, cuando miles de estudiantes universitarios salíamos a la calle contra la llamada ‘Ley Wert’, que implicaba un recorte en la educación de nuestro país, promovido por M. Rajoy. Posteriormente, llegó el 3+2, un cambio de modelo universitario que afectaba a las clases más humildes. Frente a estos recortes, siempre hubo un vector común: un gobierno andaluz comprometido con los estudiantes y con la educación, que no permitió ni un paso atrás.
De aquellos polvos, estos lodos. El Gobierno de la Junta de Andalucía, con el Partido Popular a los mandos, ha comenzado con la precarización del sistema universitario andaluz. Así como están haciendo con la sanidad —asfixiándola económicamente y desviando millones de euros a través de procedimientos sin publicidad ni transparencia—, ahora han puesto su foco en la educación universitaria. Y tienen un plan: el colapso del sistema público para, posteriormente, rescatarlo a través de centros privados. «Tanto tienes, tanto vales». Esa es su máxima.
Las universidades públicas de Andalucía están en crisis. La falta de apoyo presupuestario y el incumplimiento del modelo de financiación están poniendo en riesgo la supervivencia de estas instituciones. La Universidad de Cádiz entró en déficit en 2024, la Universidad de Málaga enfrenta también problemas económicos, y las universidades de Almería y Jaén se han visto obligadas a aplicar recortes, a pesar de estar en un momento de crecimiento económico y aumento del presupuesto de la Junta de Andalucía. Las universidades públicas atraviesan una crisis inaudita.
Frente a esta situación, la respuesta del consejero de Universidades, el señor Villamandos, ha sido abroncar a las universidades y poner en duda la buena fe de los datos que estas presentan. No solo no reconoce la nula capacidad política, sino que además culpa a quienes sufren el problema: a los rectores y rectoras de las universidades públicas.
A este incumplimiento en materia de financiación se le suman dos factores más. El primero es la proliferación de universidades privadas. En Andalucía, se han aprobado cuatro universidades privadas y un centro que será adscrito a una universidad privada de Madrid en los últimos seis años. Estas universidades, con informes negativos, han sido aprobadas con la mayoría absoluta del PP en el Parlamento, sin escuchar a la comunidad universitaria. Se han aprobado sin un plan estratégico para el sistema universitario, simplemente por un convencimiento ideológico de la privatización de los servicios públicos. El segundo factor es la elaboración del proyecto de la Ley de Universidades para Andalucía, un texto que, lejos de dar seguridad y estabilidad a nuestras universidades públicas, propone un cambio de paradigma y una «liberalización» del sistema universitario.
Los estudiantes universitarios deben saber algo: esta ley no está pensada para ellos. No recoge ni una sola medida que mejore el acceso a la universidad ni garantiza la permanencia en el sistema.
El Partido Popular no está tomando estas decisiones de forma gratuita. Tienen un plan claro: destruir el sistema público para privatizarlo después. Y quienes quedamos atrapados bajo el peso de este colapso somos nosotros, los jóvenes de familias trabajadoras, que no podremos acceder en igualdad de oportunidades a nuestro futuro laboral.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
