Iván JiménezLos rectores de las universidades públicas andaluzas y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo de financiación extraordinaria para este 2025, después de que los primeros se plantaran ante la gestión de la educación superior de la Administración autonómica, llevando al límite la sostenibilidad de las universidades.
En este sentido, ambas partes han acordado una cuantía fija, equivalente al coste de aplicación de lo que se acordó en términos de personal en la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas, así como algunos retrasos que la Junta de Andalucía acumula tanto de aplicación de complementos autonómicos del PDI concedidos en la convocatoria de 2024 como a la primera anualidad del pago de la carrera horizontal del PTGAS.
Las universidades públicas andaluzas lanzaron un contundente comunicado a finales de diciembre en el que criticaban y señalaban la «estrategia privatizadora» de la Junta de Andalucía, recordando que el déficit que había provocado al conjunto de las diez universidades públicas andaluzas ascendía hasta los 50 millones de euros, cuantía que dejaba de percibirse pese a estar contemplada en los presupuestos autonómicos de 2024.
Los pagos que reclaman los rectores son dos partidas distintas, cada una de 25 millones de euros. La primera, en concepto de financiación, acordada el pasado mes de mayo, y, la segunda, sobre el abono de los complementos para el personal docente e investigador y el técnico, de gestión y de administración de servicios, estipulada el pasado 26 de junio en el marco de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas.
En lo que respecta al resto de cuestiones pendientes planteadas por los rectores y que afectan al sistema universitario, el acuerdo alcanzado establece que deberán ser tratadas en una comisión técnica de trabajo creada a tal efecto. Dicho órgano tendrá que constituirse y alcanzar un acuerdo durante este primer semestre del año con el objetivo de que estos aspectos queden solventados para el periodo que resta de aplicación del modelo de financiación universitaria, que estará vigente hasta 2027.
El rector de la Universidad de Cádiz (UCA) , Casimiro Mantell, fue el último en alzar la voz contra la gestión de la Junta, acusando al consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, de haber generado el «conflicto más grave de la última década en el ámbito universitario» y de «debilitar sin precedentes» el sistema público universitario andaluz. Esto ocurrió después de que Villamandos achacara el déficit económico de la UCA a un «error de cálculo» de la institución.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
