La Universidad de Granada (UGR), a través de su rector, Pedro Mercado, ha vuelto a alzar la voz para denunciar los «incumplimientos» del Modelo de Financiación que están sufriendo tanto ella como el resto de universidades públicas andaluzas a manos de la Junta de Andalucía, concretamente, desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación del ente público.
La institución universitaria granadina ha confesado, en un comunicado emitido este pasado jueves 19 de diciembre por el propio Mercado a la comunidad universitaria, el «escenario presupuestario muy complicado» en el que «coloca a las universidades públicas andaluzas» la «situación actual», marcada preocupantemente por cuatro factores: el citado incumplimiento de la financiación para el año 2024, la no ejecución de los acuerdos de complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y de los acuerdos sobre la carrera horizontal del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), el escenario presupuestario para el año 2025 y la necesidad de acometer inversiones en infraestructuras.
La UGR ha recordado que la planificación de la actividad universitaria se realiza teniendo en cuenta las previsiones realistas de ingresos, y aquellos correspondientes a las transferencias de la Junta de Andalucía para gastos de personal forman la mayor parte de estos. Pese a esta crucial relevancia de la Administración andaluza a la hora de sufragar los gastos que consignan las instituciones universitarias andaluzas de titularidad pública, especialmente en los que a los de los trabajadores y trabajadoras se refiere, el Gobierno andaluz no ha cumplido aún con hacerles llegar un total de 50 millones de euros que estaban presupuestados para ellas para este curso 2024, a falta solo de menos de diez días para que acabe el año, lo que provocaría que las cuentas de estos organismos universitarios andaluces finalizasen con balance negativo en términos económicos, pues contaban con ese montante.
En el caso de la universidad granadina, esta cantidad, correspondiente a un segundo reparto presupuestario convenido en el actual Modelo de Financiación 2023-2027, suscrito el 26 de julio de 2023 (que recoge una cláusula de salvaguarda por el que las universidades recibirían lo mismo que el año anterior más el incremento de las retribuciones del sector público y otros incrementos de costes que pudieran producirse), es de 1.845.860 euros.
Además, el «incumplimiento» de la cláusula de salvaguarda y la aplicación de obligaciones de carácter legal sitúa a la Universidad de Granada (y al resto de universidades públicas andaluzas) en «un escenario de incertidumbre y preocupación» para afrontar los costes de personal correspondientes al año 2025, que supondrían, según las previsiones, una cantidad de 20.520.660 euros como consecuencia de «derivados de una obligación legal, incremento de cotizaciones a la Seguridad Social», subida de «gastos en trienios por aplicación de una ley aprobada por el propio Parlamento andaluz [la Ley Andaluza de Función Pública], con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2024, derivados por acuerdos alcanzados en materia de personal, costes de la carrera horizontal del PTGAS, coste de los complementos autonómicos, derivados de la aplicación de sentencias judiciales y evaluación y retribución de los tramos reconocidos por quinquenios y sexenios al PDI laboral temporal».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
