Igualdad, ¿pero cuándo también equilibrio territorial?

La igualdad es uno de los principios constitucionales consagrados en el texto de 1978, igualdad formal y material, entre individuos y entre territorios. Esto fue lo que nos llevó al posterior proceso de construcción autonómica de España y la utilización por Andalucía del art. 151 de la CE, el llamado “Café para todos” en aquel debate en el que los y las andaluzas solo queríamos lo mismo que el resto de territorios.

Una vez superada aquella etapa de construcción y su posterior ampliación con los estatutos de segunda generación, nos llega la pregunta de: ¿ y ahora qué? En el cajón ha quedado el principio de igualdad y su desarrollo de las autonomías para con sus ciudadanos en el marco andaluz.

Andalucía es la comunidad Autónoma con más habitantes y la más amplia en extensión de toda España, algo que nos hace ser muy diferentes entre territorios y que surja la necesidad de “equilibrar” entre nuestros municipios, es decir, desplegar el principio de igualdad en su máxima extensión.

En la comunidad andaluza, a día de hoy, hay una enorme desigualdad entre ciudadanos. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esto es así, porque se han dejado de lado las políticas de equilibrio territorial para sustituirlas por las políticas de eficiencia del gasto. Se han dejado de ver ciudadanos, para ver clientes -si se me permite el símil con el sistema capitalista- y abrir servicios donde haya ‘potenciales consumidores’, deprimiendo (aún más) nuestras zonas rurales y creando un gravamen a quienes viven en ellas.

Municipio de la Andalucía rural.

Quienes viven hoy en un pueblo, soportan un gravamen y un riesgo que no deberían soportar, y a todos los niveles. Los emprendedores en zonas rurales se encuentran lejos de las oficinas administrativas que les deben aconsejar y guiar en el proceso de construcción de su negocio. Los estudiantes, ven cómo sus aulas y sus centros educativos se cierran. Las personas mayores sufren la soledad, toda su vez, que la Junta de Andalucía acaba con los centros de participación activa. Los y las jóvenes se ven aislados del mundo, sin redes de transporte agiles y comunicaciones del S. XXI. Y todos estos grupos de población contemplan desesperados la falta de médicos rurales en los pueblos.

¿Quién se atreve a vivir en un municipio rural, sin tener garantizada la asistencia sanitaria? ¿Qué familia se puede instalar en un municipio que no le garantiza la educación a sus hijos/as? ¿Qué emprendedor va a vivir en un pueblo en el que ni siquiera hay un banco?

Pueden parecer preguntas difíciles de responder, pero la altura de miras de la Administración autonómica debería estar ahí, en ser generadores de oportunidades en las zonas rurales: mejorando servicios, descentralizando la administración y creando beneficios fiscales que hagan que vivir en un pueblo no sea una carga.

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