La vivienda y el empleo, el empleo y la vivienda. Ambas cuestiones son los dos grandes dramas a los que se enfrenta una generación que cada vez se siente más olvidada por la gran administración competente: la Junta de Andalucía. El orden de ambos perjuicios, como ya se sabe, no altera el producto. Igual de inalterable, de hecho, es la respuesta del Gobierno andaluz : el silencio, prácticamente ya protocolario.
Después de cinco años de gobierno y más de un año después de conseguir mayoría absoluta, todo parece estar más atascado que cuando Juanma Moreno gobernó con el peor resultado de su partido, necesitando a Ciudadanos y a Vox para auparse. Definitivamente, el Partido Popular y su presidente se han atragantado con el delirio de poder, lo que está generando una insolvencia evidente en políticas transformadoras en Andalucía, y, especialmente, en aquellas destinadas a los jóvenes.
No se trata ya de la inexistente voluntad política de destinar parte del presupuesto propio a incentivar, apoyar e impulsar a la juventud de nuestra tierra; también arrastramos el pesado lastre de una incapacidad de gestión que esta demostrando el segundo Gobierno de Moreno y que pone en riesgo, entre otros, los 68,7 millones de euros del Bono Joven de Alquiler que el Gobierno de España le encargó repartir.
En referencia a este asunto, esta semana la Plataforma de Afectados por el Bono Joven de Alquiler ha conseguido la ansiada reunión con la Consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, con la esperanza de recibir alguna certeza o explicación en torno al pago de las cuantías adeudadas. ¿El resultado? El próximo lunes saldrán a reclamar en la calle los derechos que les son negados en los despachos.
Al inactivo y acomodado Gobierno andaluz le ha surgido recientemente alguien dispuesto a espolear políticas necesarias para la población sevillana, especialmente aquellas destinadas a los más jóvenes: el nuevo presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, quien ha llegado con dos iniciativas bajo el brazo y reclamando la colaboración de la Administración andaluza.
Una gran zona de VPO para jóvenes en el Cortijo de Cuarto, propiedad de la Diputación y que pone al servicio para ese gran desarrollo urbanístico; y un plan de empleo para toda la provincia dotado de 70 millones de euros y para los que reclama otros 70 que vengan de las arcas del Ejecutivo andaluz.
Tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si Juanma Moreno dobla la apuesta y empieza a sacar las políticas de juventud reales y rigurosas de la nevera. De momento, la respuesta de la Junta ha sido la misma que para los jóvenes: el silencio.
Juventudes Socialistas de la provincia de Sevilla.
