Doñana y el entorno del Condado de Huelva volvieron a erigirse la pasada semana como epicentros de la opinión pública regional y nacional. Pese a la predilección de Partido Popular y Vox de zarandear este particular árbol, con el anhelo de recoger frutos -véase votos-, cuando se avecina época electoral, ambos enclaves, uno biológico y otro humano, siguen muy lejos de soluciones que solventen sus respectivas e imperiosas necesidades, y, ante todo, de una conjunta, beneficiosa y sostenible para ambos —especialmente, para el parque natural—. Es indudable, además, que por más que el despotismo y la prepotencia se apoderen de los populares, con Moreno a la cabeza, y el negacionismo climático de Vox busque soslayar lo ineludible, las advertencias de la comunidad científica, las posibles sanciones desde Europa y las opiniones de la mayoría agrícola de la zona son claras al respecto: la ley para regularizar regadíos en la Corona Norte Forestal de Doñana no es la fórmula para brindar desenlace óptimo alguno al dilema. De hecho, es la opción menos “creíble y viable” para ello. Solo es necesario dejar a un lado las cabezonerías y el escepticismo científico para contemplarlo.
Con todo, ambas formaciones políticas, tras el tentempié que quiso tomarse el Gobierno andaluz mientras daba orden de congelar la tramitación de la ley de regadíos durante buena parte del mes de mayo —aunque repitan hasta la saciedad que estas propuestas legislativas en sede parlamentaria responden a “unos tiempos”— para que finalmente no les acabase rebotando en su contra en los comicios municipales del 28M, tuvieron a bien colocar sobre la mesa de la comisión de Fomento al Parque Nacional de Doñana, el que recordemos —para aquellos despistados— que es posiblemente el mayor tesoro natural que alberga Andalucía. No deja de ser paradójico, por cierto, que un ecosistema extraordinario de casi 543 kilómetros cuadrados vea cómo se dirime su devenir sobre una mesa que no supera una decena de metros cuadrados de superficie. El vivo antropocentrismo y egoísmo humano hecho carne.
Doñana, por consiguiente, no fue invocado por las dos formaciones conservadoras de la Cámara andaluza por ser el humedal más grande de Europa ni el espacio natural con mayor biodiversidad del continente. Tampoco lo fue en aras de que la administraciones logren, al fin, dadas las singulares y exclusivas condiciones naturales que atesora —y que le han hecho ser reconocido, desde 1994, Patrimonio de la Humanidad—, un plan serio y coordinado para su conservación y la reformulación de la gestión de unos recursos hídricos que le son imprescindibles para su sostenibilidad y de los que va careciendo progresivamente —solo cabe señalar que el acuífero que nutre al parque nacional ha descendido tres metros de media desde la primera vez que se tomaron muestras hasta 2020—.
El entorno del Condado, por su parte, no corrió distinta suerte a la del parque nacional al que bordea y con el que cohabita. Los agricultores y familias de la zona cuya actividad productiva depende especialmente de las reservas y el uso de agua, cuyos niveles son nuevamente alarmantes por la acuciante sequía que vuelve a azotar al sur de la Península otro año más, siguen sin recibir todos los mecanismos trazados en un plan de acción y una hoja de ruta administrativa que erradique los problemas que sufren para producir y, por ende, subsistir en la región. Más allá de que sea imprescindible un diálogo entre las diversas administraciones —Moncloa, Junta y CHG, principalmente—, no sin antes, claro está, haber sido retirada la excéntrica y ficticia proposición de ley planteada, se antoja más que necesario examinar pormenorizadamente las dificultades de cada explotación agrícola.
Eso sí, no estaría de más conocer la titularidad de las supuestas 650 fincas que pensaban beneficiarse de la iniciativa de PP y Vox, puesto que, al menos en lo que a Almonte y Marismas concierne, el 90 % de los propietarios solo disponen del 20 % de la tierra explotada en dicha superficie. O lo que es lo mismo, que el 60 % de las superficies que la propuesta pretende potencialmente legalizar pertenecen a grandes explotaciones —asociaciones sectoriales, fondos especuladores…— y no verdaderamente a familias agrícolas, como reveló este lunes el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral, en declaraciones a los medios y tras reunirse con los grupos parlamentarios Por Andalucía y Adelante Andalucía, en una ‘comisión alternativa’ que permitió dar a conocer la opinión sobre la ley de regadíos de muchos de los expertos que las dos formaciones derechistas quisieron excluir de la comisión. Grandes explotaciones, para más inri, que consumen la friolera del 87 % del agua destinada para uso agrícola. Cabe mencionarle al Ejecutivo andaluz, por tanto, no solo que ha de priorizar la agricultura tradicional y autóctona frente a la especuladora y extractivista, sino que también ha de recordar que más del 80 % de las 30 medidas propuestas a corto plazo en el Plan de la Fresa de 2014 no han sido ejecutadas todavía.
No deja de ser paradójico, por todo ello, que Juanma Moreno dijera solo abrirse a modificar la propuesta de ley de regadíos en el momento en el que fuera planteada una alternativa «más creíble y viable», cuando, precisamente, la que menos credibilidad y viabilidad atesora es la que él mismo ha propuesto y abanderado. Una tentativa que, por un lado, ha lanzado cantos de sirena y ha generado falsas expectativas en algunos de los agricultores del entorno —aunque la amplia mayoría sea consciente del poco realismo y lo fantasioso del plan—, prometiendo que habrá agua, cuando no la habrá, puesto que nunca va a haber agua superficial al estar ya agotada —y partiendo de la base de que el agua de un futuro trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras (todavía en fase de ejecución inicial) solo llegaría para cubrir las demandas de los pozos legales —una premisa que ha reiterado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico hasta el hastío—; y, por otro, que ha vuelto a romper el consenso labrado con mucho esfuerzo, trabajo y unión entre los diversos agentes de la Comarca del Condado, reabriendo nuevamente el conflicto y llevando al enfrentamiento a aquellos agricultores que se encuentran en situación de legalidad frente a los que lo hacen en la ilegalidad en el territorio.
Es entendible pues que el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, terminase su comparecencia —precisamente la que cerró la larga jornada de intervenciones (23, para ser exactos) presenciada el pasado martes en el Parlamento de Andalucía— no dudando en afirmar que la propuesta de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana “obliga casi a sospechar que hay gato encerrado”. Delibes, que fue incluido a posteriori en esa lista de intervinientes tras la masiva protesta suscitada en contra de su exclusión, reconocía que, a veces, pensaba que PP y Vox “nos distraen con algo estrambótico como declarar como regable una zona sin agua para ocultarnos un truco escondido”.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
