Canal Sur baraja recurrir al Supremo ante el aviso de la Junta Electoral pese a que el propio Consejo Profesional de la cadena ya había denunciado previamente el «quiebre» de los principios de «imparcialidad» en relación a Doñana

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha anunciado este martes en el Parlamento que están barajando la opción de recurrir por la vía contencioso-administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) el apercibimiento que recibiese este jueves 4 de mayo desde la Junta Electoral Central (JEC) en el que el órgano superior afeaba la «posición partidista» de la cadena autonómica a favor del Gobierno de Juanma Moreno en relación a la proposición de ley para la regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Natural de Doñana. Esta declaración de intenciones judicial anunciado por el máximo dirigente de RTVA llega, sin embargo, pese a que no solo la Junta Electoral haya sido, hasta la fecha, el único organismo que haya reprobado un claro sesgo tendencioso por parte de la cadena pública andaluza en el tratamiento de las informaciones sobre la propuesta legislativa que afecta a Doñana. Paradójicamente, el propio Consejo Profesional de Canal Sur, es decir, el órgano autónomo que representa a los profesionales de la emisora y que se encarga de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas que esta ha de desarrollar, ya lo había hecho días antes, y, mucho más acuciantemente.

Aunque Mellado ha querido escurrir el bulto asegurando en su intervención en sede parlamentaria que los espacios informativos son «plurales, imparciales y objetivos», restando, de paso, una pátina de relevancia al reproche de la JEC-«ni ha habido sanción ni expediente ni nos ha apercibido», ha afirmado-, las conclusiones que extrajo y que publicó en un comunicado el 27 de abril el Consejo Profesional de la cadena eran más que claras: las informaciones emitidas en los N1 y N2 de la televisión pública de Andalucía «han quebrado los principios de independencia e imparcialidad» contemplados en el Estatuto Profesional de RTVA.

La misiva de los trabajadores de la entidad no dejaba ápice alguno a una posible interpretación. Los profesionales de Canal Sur consideraban que el debate sobre los regadíos en el entorno de Doñana requiere de una «información rigurosa y plural», que aporte a los andaluces «todos los datos y opiniones sin sesgo, ocultación ni manipulación». Precisamente, y como criticaban, «todo lo contrario de lo que se ha hecho hasta el momento desde la Dirección de Informativos». En este sentido, y, pese a que Mellado ha reiterado que en ningún momento se ha «ocultado información», los profesionales de la cadena pública advertían que los servicios informativos «no habían explicado» el «rechazo» de organismos internacionales como la Unesco o la Comisión Europea frente a la proposición de ley ni las «sanciones» y «multas» que podría suponer la aprobación de este incremento de los regadíos en la zona del Condado; «ocultaban» en sus informaciones la repercusión internacional que ha tenido la medida deseada en medios de comunicación como Washington Post o The Guardian; y «tampoco recogían» el «rechazo por mayoría» de la propuesta desde el Consejo de Participación de Doñana ni el manifiesto que firmase este colectivo en contra de la legalización de los regadíos el pasado 25 de marzo.

De la misma forma, el director de RTVA ha sostenido que jamás se han obviado las críticas de los partidos políticos de la oposición ante la materia. Esta afirmación, que si bien no deja de ser cierta, es cuanto menos una verdad a medias. El Consejo Profesional de Canal Sur desgranó en su escrito que, por un lado, durante la semana en la que se aprobó la Proposición de Ley sobre la Ordenación de Regadíos en el Parlamento -del 10 al 16 de abril-, se dedicaron 21 minutos y 01 segundos a los argumentos en defensa de esta propuesta legislativa de PP y Vox. En cambio, «el tiempo dedicado a las posiciones en contra» tan solo fue de «7 minutos y 55 segundos». Esta disparidad de minutajes, además, fue «aún mayor» la semana siguiente, del 17 al 23 de abril, aun cuando la polémica sobre los regadíos seguía marcando la actualidad política, luciendo una diferencia de «21 minutos y 55 segundos» para quienes apoyaban la ley frente a los «6 minutos y 47 segundos» que le correspondieron a aquellos que estaban en contra.

Por otro lado, los profesionales de la radiotelevisión andaluza expusieron que la visita a Doñana de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el 17 de abril, se resolvió, con «simples colas de 16 segundos», volviéndose a repetir la fórmula para la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Parque Nacional el día 20, para lo que se llegó a seleccionar declaraciones del jefe del Ejecutivo relacionadas con la reforma de la ‘Ley del Solo Sí es Sí’, en vez de hacerlo de la «polémica» generada por la proposición de ley de los regadíos. Tal es el grado de partidización de los informativos andaluces que, según subrayan, ese mismo día, sí que fueron elegidas, en cambio, declaraciones sobre Doñana de Alberto Núñez Feijóo, el líder de la formación popular a nivel nacional, de visita también en Huelva, en las que defendía la tesis del Gobierno andaluz. Por último, el Consejo también insistía en que los informativos de la emisora autonómica «hacían suyas» las posiciones defendidas por el Ejecutivo regional y que, no contentos con ello, llegaban a explicarlas mediante «directos, vídeos, entrevistas y paneles».

No es, ahora bien, la primera vez que este órgano superior denuncia la «degradación» del ente público y el «culto» al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el último mes. Ya días antes de lanzar este último de los comunicados, el organismo había emitido otro semejante en el que, tras realizar un análisis exhaustivo de los informativos de la cadena autonómica durante los últimos seis meses, reportaba «190 malas prácticas periodísticas» implementadas por el noticiero de este servicio público dirigido por Mellado, al que, recordemos, fichó el actual coordinador general del PP, Elías Bendodo, tras ser nombrado portavoz del Gobierno en 2019, y que era responsable de comunicación de Turismo Costa del Sol, una empresa vinculada a la Diputación de Málaga y cuya presidencia había dejado tras su desembarco en la Junta el propio número tres del Grupo Popular.

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