De ser número dos del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y exconsejera de Economía y Hacienda de la administración pública andaluza (2009-2013), a sufrir el escarnio público en la ya famosa pieza política armada por la jueza Alaya -ya derruida por completo- y hasta llegar a pasar año y medio en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Esta, es la trágica historia de la dirigente socialista Carmen Martínez Aguayo, la de un descenso hasta el infierno político y personal que hace apenas dos semanas el Tribunal Constitucional sentenciaba que jamás debió producirse.
El pasado 3 de julio, el órgano constitucional de garantías le daba, no solo amparo, sino algo aún más importante, la razón: «Ni me han indultado, ni me han amnistiado, ni me han pedido perdón de ningún tipo. Me han dado la razón a que se han vulnerado mis derechos fundamentales: a la legalidad penal y a la presunción de inocencia», apuntalaba Martínez, la primera de los ex altos cargos socialistas condenados por los ERE que entrase en prisión y la única mujer entre ellos.
El tribunal de garantías anulaba los delitos por prevaricación y malversación que Supremo y Audiencia de Sevilla le habían atribuido hasta ese momento y revocaba su condena a seis años y dos días de prisión por la llamada causa política de los ERE de Andalucía, que ya es prácticamente historia tras haber solventado la cuestión de manera favorable -total o parcialmente- en favor de ocho de los diez recurrentes, entre los que se encuentran los expresidentes andaluces Chaves y Griñán.
Pese a que no ha sido hasta ahora cuando los tribunales le han eximido de culpabilidad alguna, Martínez, que durante sus «41 años de servicio público» llegó a ser también directora general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), nunca tuvo un ápice de duda sobre su inocencia: «He salido tan inocente de la cárcel como entré».
Ya jubilada, la expolítica, oriunda de la capital de España, siempre trabajó «buscando ingresos y atraer mucho dinero para Andalucía, buscando soluciones y resolviendo muchos problemas» endémicos de la comunidad, y siempre lo hizo, «como servidora pública, en el marco de la ley y respetando a la Justicia», sin excepción: «Nunca he ido a otra cosa que a mejorar y a cumplir las normas de este país. Y si algo me siento en todo momento que he estado en la administración es orgullosa de mi trabajo», confesaba hace unos días en una entrevista efectuada por el propio PSOE de Andalucía tras conocerse el veredicto del Constitucional sobre su recurso de amparo.
La resolución del Constitucional ha puesto fin así a una larga odisea desde que, en noviembre de 2019, la Audiencia sevillana dictase sentencia en su contra. Un más que desagradable periplo que ha afrontado con «mucha fortaleza», «cierto estoicismo», afanando «no perder la salud física, la salud mental ni, sobre todo, la dignidad». De hecho, reconoce haberlo «sentido mucho más» por la gente de su alrededor, especialmente por su «marido», que «lo ha pasado muy mal», que por ella misma. La socialista ha intentado lidiar «con valentía» estas «circunstancias de la vida», puesto que muchas personas se enfrentan a cuestiones «mucho más graves y más injustas» y «las tienen que aceptar y vivir así», y ha pretendido ser útil» para sus compañeras de prisión. Rehusaba la idea de que fuera un tiempo absolutamente perdido: «Me niego a pensar que me han robado un año y medio de la vida».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).