«Para luchar contra el exceso de burocracia». Con este pretexto, el Gobierno andaluz vendía públicamente a principios de febrero la tramitación de un nuevo decreto ley que adoptase medidas para la «simplificación y racionalización administrativa en las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica». Un mantra grandilocuente y poco susceptible a ser rebatido por la población andaluza que recibía, una semana después y mayoría absoluta del PP andaluz mediante, la ratificación en el Parlamento andaluz. Numerosas voces fueron las que, por entonces, ya advirtieron -y todavía continúan haciéndolo- que esta nueva norma era un auténtico «decretazo» que abría la veda para que se multiplicasen los favores a chiringuitos y se dedujesen garantías ciudadanas en la comunidad andaluzas. Pero, ¿por qué?
El nuevo decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía supone una desregularización y un barrido normativo sin precedentes en la administración andaluza. Una dinámica que más que eliminar barreras entre esta y la ciudadanía, despoja de todo un sinfín de controles, autorizaciones y certificaciones de seguridad que, hasta la fecha, eran requeridos a las diversas empresas y a los empresarios para evitar prácticas ilícitas, especulativas o abusos. Ahora, sin embargo, todo ello se reducirá en multitud de procedimientos a simples declaraciones responsables o silencios positivos de estas entidades o de sus gerentes.
La norma recientemente validada, de paso, también aprovecha para eliminar del mapa de un plumazo el beneplácito de distintos órganos de participación y/o consultivos que antes intercedían en el proceso de licencia o licitación para determinar la idoneidad legal, económica, social o ambiental, entre otros enfoques, de lo pretendido. Una técnica de supresión de escollos normativos y/o éticos muy similar a la que Moreno y los populares han usado al hacer pasar la iniciativa por decreto-ley y no como propuesta legislativa, evitando así el debate parlamentario sosegado y cualquier valoración e inconveniencia de organismos evaluadores de estas actuaciones administrativas, que modifican la nada desdeñable cifra de 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes.
Ante semejante pretensión, ya aterrizada desde que fuese constatada en sede parlamentaria, organizaciones de consumidores y diversos sindicatos han reprendido al Gobierno andaluz por la promulgación de este decreto. CCOO Andalucía ha denunciado que la «desregulación» que trae consigo este paquete de medidas solo beneficia al «empresariado» y que «convertirá a Andalucía en la comunidad con menos garantías y controles de España». FACUA-Consumidores en acción, de igual modo, quien ha hablado, precisamente, de «decretazo» para referirse a la actuación, ha sido una de las más beligerantes frente a esta, ve también en ella «una eliminación de controles y garantías que molestan al empresariado». La organización ha reprochado a la Junta de Andalucía que se deje en manos de la «buena fe» del empresario el efectivo cumplimiento de determinados requisitos para el inicio de una actividad, y ha tildado de «muy preocupante» que haya, en numerosos escenarios, una «clara falta de seguridad jurídica para los usuarios» tras haberse ratificado la acción.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
