El Gobierno de Moreno ya tiene ante sí la primera de las investigaciones judiciales abiertas en torno al uso fraudulento de las instancias públicas que regentan en beneficio ajeno -y quién sabe si propio-, cuando suma casi seis años al frente de la Junta de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia por supuesta malversación y prevaricación en la adjudicación a dedo -sin publicidad ni concurrencia competitiva- de decenas de contratos a clínicas de titularidad privada, por un valor total de 243 millones de euros, haciendo uso «de manera injustificada» de un marco legal que se encontraba ya extinto.
El ojo avizor frente al abuso de la licitación de estos contratos irregulares ha sido una constante desde que el PSOE de Andalucía, el denunciante y que ejercerá de acusación particular en la causa, detectó en marzo de 2023 que durante dos años, exactamente desde la primavera de 2021, cuando ya estaba notablemente controlada la pandemia de la Covid-19, el Ejecutivo andaluz orquestase un «plan» -como lo ha catalogado el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas- para prorrogar las adendas y contratos firmados por el Gobierno de Moreno con clínicas privadas bajo el procedimiento de la contratación de emergencia, autorizada, en enero de 2021, por el Gobierno central para facilitar la contratación pública de las administraciones ante el caos pandémico.
Desde marzo y/o abril de 2021, las administraciones determinaron que ya no se podía utilizar la licitación por la vía de emergencia, que permitía eludir los procedimientos y controles propios de la contratación ordinaria a la que está expuesta la administración pública, de publicidad y de libre concurrencia -competitiva-, permitiendo que el ente público pueda ahorrar recursos frente a las ofertas a la baja de las diferentes empresas que opositen y compitan por dicha asignación, deduciendo costes para la administración en los contratos de suministro, obras, etcétera.
El SAS y la Consejería de Salud, sin embargo, hicieron oídos sordos a la derogación de la norma, prosiguiendo de manera absolutamente irregular con el recurso de estos contratos exprés, como si fuera período covid durante más de dos cursos, concretamente, hasta junio de 2023, pasando de un presupuesto destinado a centros sanitarios privados de, en un principio, 70 millones de euros, bajo el Expediente 110/2021, firmado por el ahora ex director del SAS, Miguel Ángel Guzmán -quien protagonizó una importante polémica en abril de este año tras anunciarse que sería contratado como delegado en Andalucía por la aseguradora privada Asisa, una de las más beneficiadas por el Ejecutivo autonómico durante estos años-, a 243 millones totales, finalmente.
Ahora, será el tribunal de instrucción el que determinará, tras haber aceptado iniciar las pesquisas judiciales ante indicios de acción delictiva por parte de Salud y del SAS, si existe, como entrevé, delitos de malversación y prevaricación y una gestión de la contratación pública «irregular, ilegal y abusiva» -como la ha calificado Espadas- de derivación de presupuestos públicos para la iniciativa privada, y dirimir, por consiguiente, si hay responsabilidades penales en el caso.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
