Hace dos meses y medio, todavía inmiscuido en la discursiva política del agravio comparativo entre Andalucía y Cataluña, tras las negociaciones entre el PSOE y las formaciones catalanas, Moreno y el PP andaluz aireaban, para sorpresa de muchos y muchas, su deseo de pedir al Estado el traspaso a la Administración andaluza de las competencias en materia ferroviarias -y la «financiación asociada»-. Este afán, que era recogido con importante agrado por formaciones de la oposición política como Adelante Andalucía, viendo en él una oportunidad significativa de dotar a la comunidad de mayor soberanía y autodecisión, especialmente en esta materia, volvió a quedar diluido en la última sesión plenaria, como ya ocurriese en 2022, tras la negativa de los populares y del máximo dirigente autonómico a solicitar dicha transmisión al Ejecutivo central para su gestión completa desde tierras andaluzas.
El Grupo Popular, gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta en el Parlamento andaluz y junto con los votos desfavorables de Vox y Por Andalucía, rechazó en la última sesión plenaria, la del pasado jueves, instar al Gobierno de la Junta -que él mismo monopoliza- a «iniciar el estudio desde la perspectiva legal, material y de recursos humanos y presupuestaria, con el objetivo de solicitar las transferencias al Estado para la gestión integral de los ferrocarriles de cercanías y aquellos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, para su ejercicio por la Comunidad Autónoma de Andalucía».
Una decisión en sede parlamentaria que ha vuelto a exhibir una vez más la impostura de Juanma Moreno y de la formación autonómica que lidera frente a cuestiones que implicarían un aumento del ejercicio de autogobierno real de los derechos de los andaluces y andaluzas y, en particular, frente a la cuestión ferroviaria. Y es que el pasado mes de noviembre, en vísperas del icónico 4 de diciembre andaluz, el PP-A decidió enarbolarse de «la bandera del falso andalucismo» -como ya auguraban agrupaciones de la oposición- y votar a favor de sendas propuestas de Por Andalucía y Adelante Andalucía que le reclamaban que pidiera a Pedro Sánchez el traspaso a la Junta de las competencias sobre ferrocarriles. Estas iniciativas, si bien no implicaban una obligación jurídica, sí que suponían un compromiso político, dada su naturaleza como texto aprobado en el Parlamento autonómico. Lo hacía, no obstante, para convertir en una protesta toda regla contra el Gobierno central.
No es, ahora bien, la primera vez que Moreno desempolva el debate ferroviario para instrumentalizarlo como arma política. Hace casi dos años, la por entonces consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la popular Marifrán Carazo, actual alcaldesa de la ciudad de Granada, reclamó al Ministerio de Transportes la gestión en la red ferroviaria para operar trenes de Media Distancia. De hecho, el propio presidente andaluz se abrió entonces a la posibilidad de que fuese la Junta la encargada de conectar las diferentes capitales de provincias ante las deficiencias que adolecía la actual red. Un planteamiento que, nuevamente, quedó en sugerencia.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
