Si la gestión de la Consejería de Educación fuese calificada a final de curso, como lo son los alumnos y alumnas de la materia que le compete administrar, esta tendría que acudir a la convocatoria habilitada para la recuperación. Los datos no dejan lugar a dudas. No hay lástima ni compasión que le permita llegar al aprobado. La cartera educativa de la administración pública andaluza ha cerrado o integrado en otros colegios hasta un total de nueve centros escolares andaluces durante el presente año académico 23-24. Todos ellos, como era previsible, públicos.
Tras ello, un único culpable: el modelo formativo del Partido Popular, cuyo afán por privatizar es incuestionable, beneficiando abiertamente a los colegios concertados -privados, pero que reciben fondos de la Junta-, en detrimento de la salud de la educación y de los centros de titularidad pública en la comunidad.
El mapa de las escuelas clausuradas por la Consejería tiene, además, tres provincias-víctimas evidentes: Málaga, Cádiz y Córdoba. En Málaga, la provincia más afectada por estos recortes, la cartera educativa, liderada por Patricia del Pozo, ha suprimido o insertado en otros colegios hasta tres centros de enseñanza: El Adelfa (Málaga capital), el CEIP Nuestro Padre Jesús (Ronda) y el SESO del IES Vega del Mar (San Pedro de Alcántara).
Cádiz y Córdoba, por su parte, empatan en este ránking negativo con dos colegios cada uno. En la provincia gaditana, la Junta se ha cobrado la vida del CEIP Adolfo de Castro -en Cádiz capital-, tras cuatro décadas ejerciendo la labor educativa, para la integración del alumnado en el Fermín Salvochea, pese a la resignación y el lamento de las familias de los estudiantes allí inscritos y de los propios gaditanos y gaditanas; y la de ‘El Vaporcito’, localizada en el municipio costero del Puerto de Santa María.
En Córdoba, de igual forma, los dos colegios públicos cerrados por Educación, el CEIP Duque de Rivas y el CEIP Alfonso Churruca, tenían hasta este curso académico sede en la propia ciudad califal. La clausura de ambos, calificada de «verdadero crimen educativo» por algunas organizaciones sindicales como UGT.
Semejante destino final, aunque, al menos, no tan trágico, han corrido las provincias de Jaén y Granada, que han terminado el curso 23-24 viendo precintado un centro: en Maracena (Granada), el SESO del IES Manuel de Falla, y en Andújar (Jaén), el CEM Juan de Castro.
Este perjuicio a la educación pública en Andalucía contrasta, radicalmente, con la preservación y el mantenimiento de centros y aulas en la concertada, quienes siguen disfrutando, pese a que la justificación que esgrime continuamente la Junta de Andalucía, la de la «baja natalidad», afecta por igual a una y otra, del mismo número de centros escolares y clases por el amparo de los conciertos. Una realidad que continúa siendo duramente criticada por asociaciones, plataformas y sindicatos que defienden la enseñanza pública.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
