La gestión que ha llevado a la restricción para consumo humano del agua afectada por exceso de radiactividad en algunos barrios almerienses podría ser investigada por la Fiscalía Provincial de Almería. La formación Podemos-IU Verdes de la capital almeriense ha elevado al Ministerio Público la propuesta de que incoe diligencias para examinar si ha existido «negligencias» penales por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía debido a la «importante gravedad para el interés local» de esta situación que ha afectado a unos 2.000 vecinos de la localidad.
La coalición política entiende que este severo escenario, que lo están padeciendo decenas de calles de los barrios de La Joya y Castell del Rey de la capital almeriense y los diseminados que se encuentran entre esta última pedanía y el municipio de Aguadulce, podría deberse «a una falta de previsión y planificación de las administraciones con competencias en ciclo integral del agua». Un déficit de prevención y organización conjunto que «podría tener una repercusión penal o administrativa» y que demandan a la Fiscalía que inspeccione posibles pruebas para determinar si es así.
Uno de los principales objetivos de Podemos-IU Verdes es que se libre oficio a la Delegación Territorial de Salud para que informe sobre «cuáles han sido las mediciones de aguas en materia de salud pública en los últimos diez años» y si había «algún indicio» de que se podría producir esta «situación de metales pesados [polonio, plomo, radio, radón…] en el acuífero de los pozos de Bernal», el afectado por el exceso de radiactividad», y a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para que comunique las medidas previstas para «garantizar la recuperación» de estas masas de aguas subterráneas.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
