Andalucía está obligada a poner sus ojos en Cataluña y no precisamente por los cantos de sirena a los que recurren constantemente Moreno y el Partido Popular en torno a una hipotética y futura «financiación singular» que beneficie a la comunidad catalana en el sistema de distribución de fondos estatales. La ‘novena provincia andaluza’, como muchos y muchas la conocen popularmente, es la comunidad referente en territorio nacional en lo que a acceso de vivienda se refiere, teniendo en cuenta una densidad de población importante, merced a la aplicación del tope del precio del alquiler, como marca la ley de vivienda aprobada por el Gobierno de coalición la pasada legislatura, y la intención del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar 10.000 pisos turísticos antes de 2.029.
Pese a que el precio del alquiler de un domicilio en suelo español ha aumentado un 4 % respecto de mayo del pasado curso, Cataluña ha sido el territorio que menor subida ha registrado en este sentido, con un incremento de tan solo el 0,8 %. Una cifra muy dispar a la que han anotado otras comunidades autónomas con semejante demografía como la de Madrid, cuyo crecimiento se ha disparado hasta el 14,2 %, o a la testimoniada en Andalucía, donde el alza ha sido de 7,2 puntos porcentuales.
La comunidad catalana decidió aprobar en abril de este año un decreto ley pionero para abordar el problema de la vivienda que regula por primera vez el alquiler de habitaciones, determinando que la suma de sus rentas no podrá ser más elevada que el tope que corresponda a la vivienda en la que se encuentran. De igual forma, busca evitar la picaresca de los propietarios de optar por contratos de alquiler temporales que se renuevan cada poco tiempo, es decir, por meses, para poder subir los precios del arrendamiento saltándose la norma, reservarse la posibilidad de rescindir el contrato o cambiar las condiciones al poco tiempo de acceder al domicilio.
De este modo, Cataluña es la única comunidad en España que recurrió al tope del precio del alquiler en 140 municipios en los que se han declarado zonas tensionadas, incluyendo Barcelona, buena parte del área metropolitana y de la franja costera, así como las otras tres capitales de provincia Girona, Lleida y Tarragona, las de comarcas y las localidades más pobladas como Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o Terrassa, entre otras. Un amplio abanico geográfico en el que reside el 80,6% de la población de Cataluña y un total de 6,2 millones de personas.
Asimismo, el Ayuntamiento de la capital catalana, Barcelona, ha planteado su deseo de eliminar todos los pisos turísticos en cinco años para destinarlos a uso residencial, aplicando, precisamente, el decreto ley aprobado por la Generalitat que regula las viviendas turísticas. El alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, ha anunciado que el Consistorio no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028, de manera que en cinco años, los 10.101 pisos turísticos que hay en la ciudad perderán esa condición.
El objetivo es que, a partir de 2029, «desaparezca» la figura de ‘piso turístico’ en la localidad barcelonesa, cuyo, primer edil afana así evitar que «los precios no suban tanto» para que la gente «no se tenga que marchar de la ciudad».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
