El informe presentado en diciembre de 2023 por las y los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en los que estos y estas advertían al Gobierno de Moreno del abuso por parte del propio SAS de la contratación a dedo, «sin justificación alguna» e «indebidamente», por valor de 300 millones de euros a empresas, ha dejado entrever cuál fue, como mínimo, la factura en el erario público andaluz que se cobró la primera de las legislaturas regentadas por el Partido Popular en Andalucía, la de su estreno al frente de la gestión de la administración pública andaluza. Al menos, en lo que al SAS solo concierne.
Tan solo unos meses más tarde de conseguir acceder a la máxima dirigencia andaluza en enero de 2020, superada las elecciones autonómicas de 2019, Moreno y los populares andaluces tuvieron que hacer frente en su particular ‘debut’ en San Telmo al inestable escenario pandémico y, consecuentemente, de administración que supuso la Covid-19. Durante este convulso período de tiempo, para agilizar la respuesta de las administraciones autonómicas a la crisis sanitaria, el Gobierno central habilitó una legislación excepcional para que el ente público de las comunidades contratase por la vía de emergencia, es decir, eludiendo los controles protocolarios y sin publicidad ni concurrencia competitiva.
Esta nueva ruta para la contratación autorizada fue, sin embargo, recibida con especial agrado por el Ejecutivo andaluz, que, merced a los reportes presentados por durante el último año, no solo por los supervisores del principal proveedor sanitario del sistema de salud público de Andalucía, sino también por la Cámara de Cuentas de la comunidad, el órgano de control externo del sector público autonómico, recurrió sistemáticamente y sin fundamento a los contratos exprés, un año después incluso de que la pandemia emergiese, cuando «ya estaba muy atemperada» y era más «previsible» que en el curso inmediatamente anterior. Se valieron, de hecho, como aseguran los propios interventores del Servicio Andaluz de Salud, de un marco estatal «derogado» en mayo de ese mismo 2021 para seguir prologando sin razón este sistema de contratación a dedo.
El Gobierno andaluz, además, usó, como desveló el pasado mes de agosto elDiario.es, un tercio de los contratos a dedo suscritos en 2020 para necesidades previas a la pandemia, según advirtió, asimismo, la propia Cámara de Cuentas andaluza, apreciando una «defectuosa planificación» del Ejecutivo en uno de cada tres contratos, que atendía a situaciones «previsibles, programables y no sobrevenidas por la pandemia».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
