Greenpeace y Ecologistas en Acción, dos de los principales grupos ecologistas que operan en territorio nacional, han convocado una concentración este próximo jueves 25 de abril a las 18:00 h en el Muelle de la Sal de Sevilla, localizado junto al Monumento de la Tolerancia -de Eduardo Chillida-, para decir «no» al proyecto que pretende llevar a cabo la empresa Minera Los Frailes SL, con la autorización explícita de la Junta de Andalucía, para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, y que implicaría el vertido de más de 80.000 millones de aguas tóxicas cargadas de metales pesados, como cadmio, mercurio, plomo o arsénico, sobre el río Guadalquivir, concretamente en La Corta de la Cartuja, frente al Estadio Olímpico de la misma Cartuja.
Ambos grupos ecologistas pretenden evitar, con motivo de que este mismo 25 de abril se cumplen exactamente 26 años de la fecha en la que tuvo lugar el desastre ecológico más importante registrado en España, el que se desarrollase en la propia mina aznalcollera en 1998, un nuevo cataclismo ambiental de la mano paradójicamente de la ingente cantidad de lodos tóxicos que se almacenan en la Corta de Aznalcóllar desde dicha catástrofe.
La evacuación de millones de aguas repletas de «veneno», que responde a la adjudicación, en 2015, a Minera de los Frailes SL, propiedad casi en su totalidad de la multinacional Grupo México (97,31 % de sus acciones), una empresa responsable de un vertido contaminante de amplitud colosal en el río Sonora en México, en agosto de 2014, de los derechos de reexplotación de la mina aznalcollera, podría hacer repetir una debacle todavía mayor a la testimoniada en territorio mexicano en el río Guadalquivir andaluz.
Los propios colectivos ecologistas y numerosas voces expertas de la comunidad científica, como biólogos especializados en Genética Microbiana y Molecular o Microbiología, han advertido ya en multitud de ocasiones que esta decena de miles de millones de litros de aguas contaminadas, esta vez, no solo tendrá un impacto ambiental inmediato en la fauna, flora y en el propio enclave natural, sino que ocasionará consecuencias directas en la población humana concentrada en este tramo de cauce que comparten las provincias de Sevilla y Cádiz, a tenor de la dependencia de multitud de actividades económicas -agricultura, ganadería y pesca, principalmente- del agua del río Guadalquivir, incidiendo en la salud y seguridad alimentaria de los ciudadanos y ciudadanas.
El proyecto de la reapertura incluye una tubería de 30 km que partiría del recinto minero de Aznalcóllar y atravesaría los términos municipales de Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares y Salteras, hasta llegar a Santiponce, municipio al que pertenece La Corta de la Cartuja, donde se pretenden arrojar los 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados por un período de nada menos que 18 años y medio.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
