Iván JiménezEn la última sesión de control al presidente de de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz, la diputada de Por Andalucía, Inma Nieto, arrancó su intervención acordándose de Antonio Vergara, el médico activista en defensa de la sanidad pública y portavoz de la Marea Blanca de Cádiz que ha sido denunciado por el SAS.
La diputada comenzó mandándole un abrazo al médico denunciado por el SAS en nombre del Grupo Parlamentario, para posteriormente arremeter con las formas de proceder del Gobierno del PP. Nieto describe a Vergara como un «portavoz de la Marea Blanca que a lo que se dedica es a poner el acento en los problemas que tiene la sanidad pública en general, y en concreto la gaditana». Hechos que, según Nieto, son los que le han llevado al banquillo, como a «otras personas que han puesto negro sobre blanco y que están aireando los problemas y consecuencias que tienen sus decisiones sobre la sanidad pública».
Nieto ha sido tajante respecto a la ‘denuncia política’ que el SAS habría interpuesto contra Vergara, ya que el PP «no quiere altavoces que pregonen la situación y consecuencias a las que se ve avocada la población por su política sanitaria de destrozo del servicio público». Moreno, sin embargo, no contestó a la diputada de Por Andalucía.
El juicio a Vergara se origina en junio de 2024 Vergara trató de reunirse con la directora del distrito sanitario Bahía-La Janda, Sira Morales, para abordar la complicada situación que se iba a vivir durante el verano por la falta de personal sanitario. La directora denegó dicha reunión, y el portavoz de Marea Blanca intervino en una reunión sobre participación ciudadana que tuvo lugar en la Casa del Mar y en la que estaba presente la propia directora del distrito. Tan solo un día después, Morales aceptó tener la reunión, narra la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
Sin embargo, el SAS, a instancias de la directora del distrito Bahía-La Janda, presentó contra Antonio Vergara una denuncia por insultos y amenazas que, el pasado jueves, fue vista en sede judicial. Para APDHA se trata de «un intento de acallar las legítimas protestas contra los recortes y la privatización de la Sanidad Pública».
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