Las nueve razones que mueven a la comunidad educativa a manifestarse este sábado en defensa de la enseñanza pública andaluza en Sevilla, Cádiz y Málaga

Las nueve razones que mueven a la comunidad educativa a manifestarse este sábado en defensa de la enseñanza pública andaluza en Sevilla, Cádiz y Málaga

La comunidad educativa andaluza se movilizará este sábado en tres de las capitales provinciales andaluzas: Sevilla, Cádiz y Málaga. Tres importantes concentraciones en defensa de la educación pública en territorio andaluz para las que docentes, alumnos y alumnas y sus familiares llegan alentados por nueve razones principales, donde el continuo cierre de aulas exclusivamente en la pública -y no en la concertada-, la masificación de estas, la privatización de ciertos servicios o el nulo ímpetu de la Junta para aumentar plantillas o para estabilizar a los profesionales educativos son las principales motivaciones que les impulsan a ello.

El sistema de enseñanza público vive un momento más que delicado. En marzo, antes de que el período de escolarización comenzase en Andalucía, una terrible noticia volvía a golpear a la comunidad educativa: el Gobierno andaluz proyectaba que el próximo curso académico 2024/25 comience con la supresión de 600 aulas de la educación pública en todos sus niveles. Esta extinción de más de medio millar de clases, desvelada por sindicatos como USTEA, se sumaría a las 1.943 aulas públicas que han sido borradas por la Junta desde 2019, año en el que PP andaluz se puso al frente de la Administración andaluza, elevando la cifra de abolidas hasta una cuantía cercana a las 2.600.

Esta dinámica de recorte paulatino de la enseñanza pública, además, contrasta completamente con la política desarrollada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, liderada por la popular Patricia del Pozo, para con la educación concertada, donde las aulas y las líneas se siguen respetando en su amplísima mayoría y a la que, por primera vez en la historia en Andalucía, el Gobierno andaluz ha decidido desviar un montante económico de fondos públicos que supera la barrera de los 1.000 millones de euros.

Este severo desmantelamiento de aulas en la pública, asimismo, acentúa aún más la importante masificación que ya venían sufriendo estas y que dificulta aún más una óptima atención individualizada del alumnado, que, para más inri, sigue padeciendo, junto a los y las docentes, el incumplimiento de la Ley de Bioclimatización, que año tras año continúa sin hacerse efectiva en multitud de centros andaluces, y el deterioro de las infraestructuras de un buen número de ellos.

Los docentes que instruyen en la comunidad andaluza, por su parte, agobiados por una burocracia excesiva, no solo son víctimas de las altas ratios que soportan las clases públicas y de los pobres recursos de los que cuentan en muchas ocasiones, sino que también resisten ante el escaso afán de la Junta de Andalucía por aumentar plantillas, estabilizar justamente o evitar que impartan materias distintas a su especialidad como mecanismo de ahorro de la Consejería y en perjuicio de la calidad educativa.

Una alarmante situación que se agudiza aún más en interinas e interinos en el territorio andaluz, puesto que muchos de ellas y ellos se encuentran en el paro, sin esperanzas de volver a dar clases al no cubrirse las bajas, y otras y otros tantísimos desempeñan la labor lectiva expuesto a los vaivenes y dictámenes de Educación, que les obliga a lidiar con la inestabilidad vital y la incapacidad de no disfrutar de destino fijo, sino verse abocados a cambios drásticos constantemente.

Por último, la privatización de servicios como el de comedor escolar y el de personal de integración social (PTIS), dependientes de subcontratas y que continúan aquejadas de una extrema precariedad laboral y del incesante incumplimiento del convenio colectivo de aplicación en lo que respecta al abono de las vacaciones, festivos, atrasos, antigüedad, contratos inferiores a lo exigido en la licitación o el abono del salario en tiempo y forma, sigue siendo otra punta de lanza en el malestar de la comunidad educativa. Una desazón a la que se le une la falta de orientadores y de especialistas que permitan atender a la diversidad y, particularmente, al alumnado con necesidades educativos especiales.

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