26 años años. Ese es el período que se cumple este próximo 25 de abril desde que, este mismo día de 1998, Andalucía sufriese una de las catástrofes ambientales más importantes de las registradas en territorio europeo y el mayor desastre ecológico en lares nacionales. La apertura de una brecha de más de 50 metros en el muro de la balsa minera de Aznalcóllar, explotada por la multinacional sueca Boliden, provocó un vertido en la cuenca del río Guadiamar de unos 6 millones de metros cúbicos que contenían una altísima concentración de agentes contaminantes, matando a la población animal y vegetal. Un derrame de cuya responsabilidad judicial y económica, para más inri, se libró recientemente la entidad escandinava, que fue eximida de ello en los tribunales.
Más de dos décadas y media después, la moraleja y la evidente lección de aquello parece no haber calado lo suficiente en la clase política andaluza, especialmente en la cabeza de aquellos y aquellas que antes criticaron duramente lo sucedido desde la oposición, pero que ahora abanderan y preparan el caldo de cultivo administrativo y legal para que pueda tener lugar una réplica de mayor envergadura, si cabe, de dicha hecatombe
La Junta de Andalucía ya ha dado la autorización previa, vía «informe de admisibilidad final del vertido para la autorización ambiental unificada», como desveló hace unos días en exclusiva Espacio Andaluz, para que aquellos residuos que fueron recogidos y transportados a la Corta de Aznalcóllar, donde siguen depositados junto a una capa de igual contenido tóxico, cargada de metales pesados de importante riesgo para la vida de cualquier ser vivo, como cadmio, arsénico, mercurio y plomo, sean ahora vertidos al río Guadalquivir con vistas a la reapertura de la actividad en la mina aznalcollera.
De este modo, más de 80.000 millones de litros de aguas tóxicas repletas de agentes contaminantes, un contenido hídrico que no solo tendría un impacto ambiental inmediato en la fauna, flora y en el propio enclave natural, sino que afectarán a la salud y seguridad alimentaria y a todo el radio de acción cercana al río, están a la espera de ser arrojados en el ecosistema fluvial del Guadalquivir, que vertebra a una importante proporción del territorio andaluz, durante los próximos 18 años y medio.
El proyecto de la reapertura incluye una tubería de 30 km que partiendo del recinto minero de Aznalcóllar, atravesaría los términos municipales de Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, municipio al que pertenece la Corta de la Cartuja, donde se efectuará la evacuación final prolongada en el tiempo. Todo ello, además, pese a que esta zona, situada frente al Estadio Olímpico de la Cartuja y a escasos metros de la linde que marca el inicio del término municipal de Sevilla Ciudad, es considerada de especial conservación de la Red Natura 2000.
A pesar del proceso de depuración bajo el que la Junta de Andalucía se escuda, lo que le lleva a Minera Los Frailes, bajo lo razonado por esta misma empresa y siempre y cuando se cumpla férreamente con todo lo establecido, a cumplir con las normas de calidad ambiental en cuanto a concentración máxima diaria en las aguas del Guadalquivir de cada uno de los metales pesados arrojados al río por separado, la peligrosidad de estos elementos no solo viene cuando actúan independientemente. Lo importantemente dañino de estos metales disueltos o biodisponibles viene dado, igualmente y con mayor relevancia aún, por lo que suponen como factor de acción conjunta y de acumulación diaria global, especialmente hablando de la magnitud del vertido, de más de 80.000 millones de litros de agua, y en un período de 18 años.
Y es que la nómina de elementos que serán arrojados al río Guadalquivir, abarcando una franja de acción que irá desde su estuario hacia su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por efecto mareal, es extensa y elevadamente alarmante: cadmio (peligro prioritario), manganeso, amonio, nitratos, hierro, aluminio, plomo, DQO, sólidos en suspensión, mercurio (peligro prioritario), níquel, arsénico, cobre, selenio, cromo, zinc, fluoruros, boro, sulfitos, COT, sulfuros y nitrógeno total. Un compendio de metales pesados con alta capacidad neurotóxica y genotóxica para seres vivos y para la propia población humana, siendo capaces de provocar dolores de cabeza, mareos, pérdida de la función cognitiva, convulsiones y, en último término, la propia muerte del sujeto.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
