Andalucía podría enfrentarse a una nueva réplica de una de las mayores catástrofes ambientales -y humanas- registradas en territorio nacional y europeo, el desastre de Aznalcóllar, que tuviese lugar el 25 de abril de 1998. Una nueva hecatombe cuyos protagonistas, paradójicamente, podrían ser nuevamente los residuos que derramase la rotura del muro de contención de la balsa minera aznalcollera, pero, cuya envergadura, sin embargo, sería mucho mayor, puesto que alcanzaría todo el estuario del Guadalquivir, hasta la desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda, afectando incluso al Parque Nacional de Doñana.
La Junta pretende aprobar el vertido de 80.000 millones de litros de aguas tóxicas procedentes de la mina de Aznalcóllar durante los próximos 18 años. Un contenido hídrico cargado de altos niveles de metales pesados como cadmio, plomo, arsénico y mercurio que no solo tendrán un impacto ambiental inmediato en la fauna, flora y en el propio enclave natural, sino que afectarán a la salud y seguridad alimentaria y a todo el radio de acción cercana al río.
El punto de vertido tóxico se encontrará frente al Estadio Olímpico de la Cartuja, donde la Junta persigue que finalice una tubería de una extensión cercana a los 30 kilómetros y que tendrá su comienzo en el recinto minero, atravesando los municipios sevillanos de Sanlúcar la Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce. De este modo, en La Cartuja, esta mansalva de líquido tóxico será arrojado al Guadalquivir, contaminando toda la vida del río desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda.
El que podría erigirse como un nuevo cataclismo ambiental, esta vez con consecuencias directas en la población humana concentrada en este tramo de cauce que comparten las provincias de Sevilla y Cádiz, responde al ímpetu de un proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, que obligaría a reorientar la ingente cantidad de aguas contaminadas que aún permanece en la corta aznalcollera.
Este afán de la Junta de Andalucía y de la empresa a la que se le cedería los derechos de explotación emerge, paradójicamente, al mismo tiempo que se estudia la extracción de agua del propio Guadalquivir para consumo humano en épocas de sequía, lo que provocaría que, si se vertiesen estos residuos, la población llegase a ingerir directamente cantidades altamente tóxicas de los citados metales.
Las principales organizaciones ecologistas, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, junto con numerosas asociaciones vecinales y organizaciones ciudadanas, ya se están movilizando para denunciar las consecuencias del vertido y la peligrosidad a la que se enfrenta el río Guadalquivir ante semejante proyecto.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
