El río Guadalquivir a su paso por el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Ese es el punto exacto en el que la Junta de Andalucía pretende que se arrojen un total de 80.000 millones de litros de aguas tóxicas procedentes de los residuos aún almacenados en la mina de la localidad también sevillana de Aznalcóllar. Un vertido caracterizado por su alta concentración de metales pesados como cadmio, plomo, arsénico o mercurio, cuya suma tendrá un impacto inmediato en la fauna, flora y en el propio enclave natural, afectando también a la salud y seguridad alimentaria de la población de la geografía colindante al río desde dicho emplazamiento y hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
El derrame de estos miles de millones de litros de aguas tóxicas en el cauce del Guadalquivir, que se desarrollaría durante los próximos 18 años, podría suponer un nuevo desastre ambiental -esta vez, también humano- en territorio sevillano, pero también en gaditano, dado que este veneno alcanzaría a todo el estuario del Guadalquivir, hasta la citada desembocadura en territorio sanluqueño, afectando incluso al Parque Nacional de Doñana.
La Junta afana instalar una tubería de 30 kilómetros desde el recinto minero hasta Santiponce, donde se localiza el punto deseado para el vertido, pasando por Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares y Salteras. El que podría erigirse como un nuevo cataclismo ambiental responde al ímpetu de un proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, que obligaría a reorientar la ingente cantidad de aguas contaminadas que aún permanece en la corta aznalcollera.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
